La tolerancia cero es pura mierda

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Setenta años después de la ejecución de un adolescente negro de 14 años por el asesinato de dos niñas, una jueza de Carolina del Sur decretó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo.

El día de su ejecución, el 16 de junio de 1944, George Stinney, que apenas pesaba 43 kilos, era tan pequeño que su verdugo tuvo que poner una guía telefónica debajo de sus nalgas para que no se deslizara en la silla eléctrica.

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YPF Tecnología dio el primer paso para generar energía mareomotriz en el Mar Austral

Mucho se habla del potencial de la Argentina en materia de combustibles no convencionales y energías renovables como el viento, el sol y los océanos, entre otros. Sin embargo, hasta ahora son pocos los proyectos reales que se concretaron en esas áreas. Para remediar ese desfasaje, YPF Tecnología (Y-TEC), la empresa de investigación y desarrollo estatal creada entre la petrolera controlada por el Estado y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 2012, anunció la exitosa colocación de dos boyas meteoceánicas que permitirán estudiar el potencial del Mar Austral Argentino como nuevo recurso renovable para la generación de energía eléctrica.

 Gustavo Bianchi, director de Y-TEC, anunció: “Es para nosotros un hito. Dejamos de hablar de energía mareomotriz y comenzamos a trabajar en ella”. Lo hizo durante la presentación del registro audiovisual de la instalación en alta mar de las boyas Axys y Wavescan, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio y los científicos que participaron de la misión, Gustavo Seisdedos y Norma de Cristofaro.

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ELECCIONES AL PARLASUR: LAS COSAS CLARAS

Por Oscar Casal (*)

BUENOS AIRES, dic 08 (DyN) - Respecto a la elección de parlamentarios del Mercosur, creo conveniente separar lo importante de lo que no lo es. En primer término, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobado por ley 26.146 establece que el mismo es el órgano de representación de los pueblos y que sus integrantes serán electos por sufragio universal, directo y secreto (art. 1, parr.2) y 3). De esta forma queda definida la indeclinable voluntad política de los Estados Partes de reforzar el componente democrático regional, a través de la legitimidad representativa y la participación ciudadana en el proceso de integración, reparando la omisión original del Tratado de Asunción que da inicio al Mercosur. Este salto cualitativo en el esquema institucional regional no hace mas que profundizar el principio democrático que los gobiernos asumieron con carácter de compromiso al firmar el Protocolo de Ushuaia. Ahora bien, resulta difícil de entender y explicar cómo es que algunos de los partidos políticos con representación parlamentaria que por unanimidad aprobaron hace 8 años el Protocolo Constitutivo del Parlasur hoy se oponen con diversos argumentos, a mi juicio inconsistentes, a dar cumplimiento a lo establecido en un acuerdo internacional que ya forma parte de la estructura jurídica tanto del Mercosur como nacional. El argumento de la "oportunidad" manifestado con el pretexto de convocar a elecciones unificadas en todos los países para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.4) del Protocolo, donde se manifiesta la intención del establecer el Día del Mercosur Ciudadano, es por cierto una muestra del desconocimiento absoluto que algunos diputados tienen respecto a los intrincados vericuetos inherentes a las negociaciones de todo proceso de integración nacional, a la vez que desconocen el propio espíritu de los negociadores del Protocolo (los propios parlamentarios nacionales) en cuanto a avanzar en forma gradual pero definida hacia la conformación definitiva del Parlasur. Hoy las realidades políticas en otros países no hacen posible que se llamen a elecciones de parlamentarios regionales, pero en Argentina existen tanto voluntad como condiciones políticas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y de esta forma comenzar a dar a la institucionalidad del Mercosur una legitimidad que carece, la posibilidad de generar una identidad regional y participación concreta de la ciudadanía en el Mercosur y ,seguramente, considerando el peso específico que nuestro país tiene en el proceso de integración regional, la posibilidad concreta de generar un efecto disparador de decisiones que lleven a dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Protocolo. Respecto a la desafortunada afirmación de que los parlamentarios electos por Argentina en 2015 recién ocuparían sus bancas en el año 2020, es absolutamente falso y demuestra, una vez mas, que quienes opinaron en ese sentido ni siquiera se han tomado el trabajo de leer la normativa Mercosur sobre el particular. En efecto tanto las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), máximo órgano de la estructura institucional del Mercosur, Nros 28/2010 y 18/2011, establecen con claridad que una vez electos, integrarán sus representaciones en su totalidad de acuerdo a lo previsto en la Recomendación 16/10, por lo que a partir de diciembre de 2015, tal cual lo establece el proyecto presentado por el diputado Landau, cuando la Asamblea Legislativa Nacional tome juramento a los parlamentarios electos, estos estarán en condiciones de asumir en la primera Sesión que convoque el Parlasur. En relación a las inmunidades de los parlamentarios del Mercosur, el Protocolo Constitutivo establece en su artículo 12 no solo que los mismos no podrán ser juzgados civil o penalmente en el territorio de los Estados partes por sus opiniones o votos emitidos en ejercicio de sus mandatos, sino que en el numeral 1 de dicho artículo remite a que dicho régimen se regirá por lo que se establezca en el Acuerdo Sede mencionado en el art. 21. El Acuerdo Sede para el funcionamiento del Parlamento del Mercosur, contempla lo dispuesto en el artículo 12 puntos 2 y 3 del Protocolo Constitutivo, y es aún mas abarcativo garantizando la inviolabilidad personal de los parlamentarios y su inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa. Asimismo, el Protocolo Constitutivo faculta al Parlasur a dictar su Reglamento Interno (art. 14) el cual fue aprobado por Disposición 6/2007. En su artículo 30 punto 1 se establece con precisión que "El Plenario es el juez exclusivo de la conducta de sus miembros". El proyecto presentado por el diputado Landau, que cuenta con dictamen de mayoría de un Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, sostiene que siempre que no haya disposición específica, y en este caso las hay, los parlamentarios del Mercosur serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales, lo cual no debiera sorprender ya que el propio Protocolo remite a esa condición en su articulado, no agregando nada original ni novedoso, ya que existen antecedentes de legislación comparada sobre el particular. De hecho los miembros del Parlamento Europeo, modelo paradigmático regional, se rigen por el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas que en su artículo 10 establece que sus miembros gozarán: a) en su propio territorio nacional de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. Avanzar en la democratización y la participación ciudadana para el fortalecimiento del Mercosur debiera ser una Política de Estado que trascienda los debates mezquinos y oportunistas. (*) Presidente de la ONG EPICA, Coordinador del Grupo Técnico de Redacción del Protocolo Constitutivo del Parlasur.

Los límites del actual modelo de reindustrialización

Por Claudio Scaletta

Una de las grandes fortalezas de la administración iniciada en 2003 fue el manejo de la política económica y su principal resultado: el crecimiento con inclusión y desendeudamiento. Pero en los últimos años algo salió mal. Hay cuestiones de ciclo económico que son innegables. Un informe de la Cepal conocido esta semana destaca que la región crecerá este año un magro 1,1 por ciento. Sin negar la importancia de un contexto global contractivo, aquí interesan exclusivamente las cuestiones internas que cortaron el ciclo expansivo de una década.
De la misma manera que cuando se analizan épocas históricas, siempre es difícil establecer con exactitud el punto de inflexión. Sí pueden, en cambio, detacarse algunos hitos. El primero, con seguridad, fue la intervención del Indec y la consiguiente pérdida de credibilidad social en las estadísticas públicas. Tratándose de la evolución de la macroeconomía, la alteración de estadísticas parece una formalidad, pero fue el surgimiento de una manera de entender la forma de hacer política; la creencia de que para transformar algunos parámetros económicos bastaba con la voluntad. Más concreto: la interpretación extremista del postulado “la subordinación de la economía a la política”, malentendido como “la subordinación de las relaciones de mercado a la voluntad”. El segundo hito fue el llamado cepo cambiario; la creencia, otra vez, de que la formación de activos externos podía combatirse simplemente con restricciones. Fue el nacimiento de un sistema de tipos de cambio múltiples de facto, con todas las discrecionalidades asociadas, y un punto de partida para manejos dudosos de la política comercial, como la regulación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación condimentadas con el sistema de obligar a exportar para importar, lo que llevó a absurdos como que los importadores “compren” exportaciones, o sea, políticas de efecto nulo en el agregado.
A las formas en el manejo de la política económica, las precedió un factor estructural, también de origen voluntarista, pero preexistente: la creencia de que una economía caracterizada históricamente por sus ciclos de Stop & Go no demandaba planificación. La principal desgracia se expresó en la llegada del déficit energético, situación que hizo palidecer la ausencia de otras políticas sustitutivas de importaciones. En el plano industrial, las armadurías electrónicas representan un enclave deficitario que ni vale la pena analizar, un negocio para pocos sin efecto multiplicador que se traduce en productos caros para quienes pagan la fiesta: los consumidores. Más compleja es la cuestión automotriz. La caída sectorial de 2014 es impresionante: 24 por ciento en los primeros 10 meses según el último informe de la consultora Ecolatina, una señal ineludible de la mala apuesta realizada. Una baja de semejante magnitud, que se “subexplica” por la caída de Brasil, las restricciones a las importaciones y la caída de la demanda interna, indica en realidad las limitaciones del modelo industrial elegido; en concreto, de su inserción internacional y de “regresión sustitutiva”. También explica la estrategia de administración de la restricción externa, un combo que incluyó la restricción de importaciones, situación que, dado el modelo industrial, significó un freno en la producción. En otras palabras: en los últimos años el Gobierno no previó la restricción externa y cuando finalmente llegó, la única decisión fue dejar de crecer. El matiz es que en el último año, el Ministerio de Economía había iniciado una estrategia diferente, pero que fue abortada a partir del acoso del Poder Judicial estadounidense en sintonía con los fondos buitre.
Resta la política cambiaria, otra iniciativa tardía post cepo. Luego de negarse a reconocer el problema de que los excedentes financieros se transformaban a los distintos dólares paralelos por la ausencia de alternativas en pesos, presionando así una devaluación, los cambios en el Banco Central corrigieron el rumbo y, al mismo tiempo, eliminaron también las microdevaluaciones periódicas. No se trata sólo de una “vuelta al ancla cambiaria”, como sintetizan algunas consultoras, sino de asumir que la devaluación no corrige los problemas. Los hechos demostraron que la cuestión cambiaria era inseparable de la inflación. La suba generalizada de precios no era monetaria, pero tampoco resultado de una maldad especial de los empresarios locales en relación con otros países del mundo (inflación oligopólica). Al margen de la discusión por el número verdadero, el último trimestre del año consolidó una baja tendencial de los aumentos de precios. Las explicaciones son dos: la estabilización cambiaria y el freno de la actividad, es decir, de la puja distributiva. El último relevamiento del Estudio Bein difundido este viernes destacó que la inflación pasó de un anualizado del 67,7 por ciento en enero, inmediatamente después del salto devaluatorio, a un 22,4 en noviembre.
Finalmente, esta semana cayó la última interpretación extremista; la idea de que el desendeudamiento siempre es bueno. Haber desendeudado al país fue un gran logro emancipatorio de la última década. Desde los picos post default de 2002 la relación deuda pública/PIB pasó del 166,4 al 39,5 por ciento en 2013. Combinado con el crecimiento de la economía y las reestructuraciones de 2005 y 2010, eso posibilitó que la relación intereses/PIB pase en el mismo período del 3,8 al 1,3 por ciento. Sin embargo, con proximidad de déficit de cuenta corriente, acecho buitre y fuertes vencimientos en 2015, seguir pagando todo con reservas sería un suicidio macroeconómico. Las reservas quedarían en niveles críticos y se desatarían inmensas presiones devaluatorias. Frente a estos datos, el Gobierno decidió abrir la cuenta capital, pagar una parte de los vencimientos del Boden 2015, que suman 6700 millones de dólares, por adelantado y refinanciar, canjeando por Bonar 2024, otra parte a quienes lo deseen. A la vez, también se colocarán nuevas emisiones de Bonar 2024 con una tasa del 8,75 por ciento anual. Si esta operación se completa como prevé Economía, se despejará parcialmente el horizonte financiero y se descomprimirá el nivel de extorsión del Poder Judicial estadounidense, lo que quizá posibilite aumentos de la Inversión Extranjera Directa en sectores hoy clave como infraestructura y, fundamentalmente, energía; lo que se necesita para salir de una economía parada