Corren
tiempos muy significativos. Asistimos a un enfrentamiento explícito por
el control de resortes de poder de importancia estratégica para el
país: las divisas y los precios. Por un lado, un pequeño grupo de
grandes empresas que controla puntos neurálgicos de la economía
intensificó, desde noviembre pasado, la corrida cambiaria y la
remarcación de precios, mostrando así su decisión de “levantar por el
aire” al Gobierno. Por otro lado, un equipo económico que empezó en
diciembre con nuevas propuestas para contener la corrida y la
remarcación de precios, mordió el polvo de una derrota al tener que
devaluar, y busca ahora hacer pie intentando limitar el poder de fuego
del capital monopólico. En medio de esta tormenta apareció CFK y marcó
la agenda política. Usando en reiteradas ocasiones la cadena nacional,
convocó a la población a participar activamente en el control de los
precios. Acusó a los grandes empresarios de abusar de su posición
dominante en el mercado, dolarizando los precios, y apostó a la
“formación de una burguesía con conciencia nacional” a fin de consolidar
un capitalismo más “racional”. Describiendo un mercado de trabajo
polarizado por el trabajo esclavo y el ahorro en dólares, convocó a los
sindicatos a priorizar la lucha por el empleo y la inclusión social.
Este gobierno se propone consolidar un capitalismo más “racional” e inclusivo. Estos objetivos son rechazados por los sectores más poderosos y este rechazo deja al desnudo la estructura de poder que nos ha condenado al estancamiento económico, las crisis políticas y el canibalismo social durante más de medio siglo. Lo que está en discusión hoy día es el control monopólico de resortes clave del poder –precios, divisas e información– que tienen un impacto brutal sobre la vida de la nación. En este contexto, explicar la coyuntura actual desde la perspectiva de la financiarización –es decir, de una “nueva” fase de acumulación del capital caracterizada por la hegemonía de las finanzas sobre la producción– conduce a políticas equivocadas. Esta mirada torna invisible lo central a la ecuación capitalista: las formas de producción del excedente económico. Confunde además las formas de producción con los mecanismos de apropiación y distribución tanto del excedente como de la riqueza acumulada. Si bien los grupos e instituciones financieros son canales indispensables para la circulación de la especulación financiera, no son los únicos. Hoy día no hay separación entre el capital financiero y el capital productivo. Constituyen una entidad única donde lo decisivo, en términos de la generación del excedente, es la reproducción de cadenas de valor global que integran el proceso productivo a nivel mundial y lo desintegran a nivel local como nunca antes ocurrió en el mundo capitalista. De ahí el rol cada vez más importante de las grandes empresas transnacionales, tanto en el comercio exterior “informal” como en la especulación financiera. Por otra parte, la historia nos enseña que, si bien esta última adquiere gran relevancia en los momentos de crisis del ciclo capitalista, los factores determinantes de las crisis se encuentran en última instancia a nivel del proceso productivo global.
Necesitamos entonces mirar más de cerca nuestro sistema productivo y sus actores sociales para poder determinar de dónde venimos y hacia dónde vamos. En este sentido, el conocimiento del modo en que nos integramos a la división internacional del trabajo y a las cadenas de valor global, y el impacto que esto tiene sobre la producción, el mercado interno, el mercado de trabajo y las empresas, es de fundamental importancia. Si hacemos este análisis, no podremos seguir eludiendo el fenómeno de la dependencia tecnológica y su impacto sobre la concentración del capital, las empresas nacionales y la fragmentación del mercado de trabajo. Este es el dilema central que enfrentamos. Resolverlo implica, entre otras cosas, fortalecer el rol del Estado no sólo en su capacidad para regular la producción, la apropiación y la distribución del excedente, sino también en su capacidad empresaria.
El momento actual adquiere particular significación porque revela la conexión entre el sistema productivo y la especulación a nivel financiero y comercial. Revela que, tal como han sido otorgados hasta ahora, los subsidios a la industria, al mercado interno y a las exportaciones industriales garantizan grandes ganancias empresarias, pero no bastan para impulsar un capitalismo más “racional”, o para lograr una inclusión social sostenible. Mientras los sectores estratégicos de la industria sean controlados en forma monopólica u oligopólica, el futuro industrial quedará cautivo de la lógica de un capitalismo transnacional que controla decisiones, tecnología y segmentos cruciales de cadenas de valor global en las que nuestras industrias se encuentran integradas de manera poco sofisticada y son fácilmente sustituibles. En tanto no se cuestione un modelo de negocios agrario centrado en la necesidad creciente de importaciones de un paquete tecnológico, cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales que controlan sectores clave del sistema agroalimentario a nivel global, el campo también reproducirá la dependencia tecnológica. Mientras el comercio exterior, el acopio, la distribución y el comercio interior estén dominados por el capital monopólico y oligopólico, la dependencia tecnológica terminará “encarnándose” en el “saqueo del bolsillo” de los consumidores.
A diferencia de otros momentos de nuestra historia, hoy se ha hecho explícito no sólo el accionar del capital monopólico, y su impacto sobre la vida entera del país, sino también cómo hay que hacer para frenar este embate. En efecto, la corrida y la dolarización de precios se intensificaron a partir de la ruptura de un acuerdo pactado en diciembre entre el Gobierno y los grandes exportadores de cereales. Según el mismo, estos últimos liquidarían las divisas que retenían del remanente de la cosecha de 2013 a cambio de Letras del Tesoro a un interés del 3,65 por ciento más el diferencial entre la devaluación del peso ese día y el 30 de junio de 2014. La ruptura de este acuerdo y la persistente retención de parte de la cosecha de cereales de 2013 por parte de los grandes productores agropecuarios y centros de acopio intensificaron la escasez de divisas para hacer frente al fenómeno de la restricción externa e incentivó la corrida cambiaria. El intento oficial de cerrar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo con ajustes diarios y previsibles incentivó la corrida y la sangría de las reservas del Banco Central. Asimismo, la inmediata dolarización de los precios a nivel de la producción puso en jaque a la política de Precios Cuidados. Estos procesos llevaron a una gran devaluación el 23 de enero, seguida por una flexibilización relativa del control de la venta de divisas a los pequeños ahorristas. Esta medida permitió aislar al “chiquitaje” de los grandes operadores en el mercado de cambios.
La gran devaluación no logró revertir la situación, y la corrida y la dolarización continuaron imparables. Sólo a fines de la primera semana de febrero, la situación empezó a cambiar. ¿Qué es lo que permitió este cambio? En un contexto de crecientes demandas de control del comercio exterior, y de una velada amenaza oficial de considerar esa posibilidad, el 29 de enero, la Comisión Nacional de Valores obligó a las entidades financieras a informar diariamente todas las transacciones en el Mercado de Valores. El Gobierno adquiría así una radiografía de los actores y montos involucrados en las transacciones diarias operadas en “contado con liqui”, mecanismo que por ese entonces era central a la corrida y a la fuga de divisas. Ese mismo día, CFK denunciaba las maniobras especulativas de los “bancos, grupos económicos, importadores y exportadores”. Al día siguiente, el Gobierno anunciaba una investigación de estos grupos, sospechados de especular con divisas por un valor de seis mil millones de dólares. Tres días después, CFK denunciaba por cadena nacional a los grandes empresarios por la dolarización indiscriminada y convocaba a la militancia y a la población a movilizarse activamente para controlar los precios. Paralelamente, el Banco Central elevaba las tasas de interés y obligaba a los bancos a inundar el mercado cambiario con dólares, al fijar un tope del 30 por ciento a los activos líquidos en moneda extranjera. Estimados en 10 mil millones de dólares, éstos superaban en todos los casos el 50 por ciento de los activos líquidos de los bancos, llegando en algunos casos a representar el 150 por ciento. Si bien el 30 de abril era la fecha límite para pesificar activos, el efecto sobre el mercado de cambios y sobre los exportadores fue inmediato. Ese mismo día, estos últimos se comprometieron a liquidar divisas por 2 mil millones de dólares antes del fin de febrero. A partir de entonces, la corrida se atenuó y el centro de la pelea gira ahora en torno de la dolarización de los precios. El control más amplio y estricto de la formación de precios en las cadenas de valor, incluyendo a productores y proveedores, y el aumento de las sanciones por incumplimiento del acuerdo de precios son pasos importantes que deberán ser profundizados para que la política de Precios Cuidados sea eficiente.
Los hechos han puesto en evidencia a los que hacen la corrida cambiaria, a los que dolarizan, y la conexión entre ambos fenómenos. Los intereses que se persiguen, los mecanismos que se utilizan y la forma en que la corrida cambiaria se convierte en remarcación de precios han salido a la luz del día. Trascendiendo el limbo oscuro e intangible del dólar blue, del “contado con liqui” y del dólar Bolsa, la corrida es “dolarización” y se encarna en ámbitos concretos: las empresas, las cadenas de valor y los barrios. Se ha demostrado que si un gobierno transparenta lo que está ocurriendo, usa con decisión los resortes que el Estado tiene y legitima este uso, convocando a la movilización popular en defensa de un interés común, puede frenar el embate de los intereses monopólicos. Sin embargo, esta ofensiva no ha concluido. De ahí la importancia de profundizar la movilización organizada de la población en torno de objetivos que afectan la vida del conjunto, y de hacer valer toda la fuerza del Estado en defensa de los trabajadores, de los consumidores y de los que siguen excluidos.
* Socióloga.
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