Entre defender a una corporación privada de carácter multinacional o a un gobierno, en este caso el Argentino, que actúa en defensa de los intereses de una nación soberana y de la sociedad a la que representa, nosotros defendemos lo segundo.
Frente a los que defienden los negocios de un grupo económico que se expandió por América y África, aprovechando el momento de triunfo político y cultural del neoliberalismo y en medio de la corrupción rampante en aquellas regiones, nosotros defendemos el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales y estratégicos.
Nosotros comprendemos la preocupación de Argentina ante la grave situación que se vive en referencia a sus recursos energéticos.
Y más de ser cierto lo que indican los medios de comunicación, a saber, que entre 1998 y 2011 la producción del petróleo se redujo en casi 16 millones de metros cúbicos, de los cuales, 8,6 millones eran responsabilidad de Repsol.
El gobierno argentino denunció en enero que en 2011 debió gastar 9.300 millones de dólares más que en ejercicio anterior, para importar combustibles.
Ese gasto se originó según el gobierno por la baja en la exploración y explotación de crudo, y la consiguiente merma en la refinación de combustible, por parte de las firmas beneficiadas con las concesiones de tiempos “menemistas”.
En Argentina hay un déficit comercial que se genera por la importación de combustibles, que este año rondaría los 13.000 millones de dólares.
Ese déficit es atribuible entre otros al conjunto de multinacionales que operan en el rubro, pero especialmente a Repsol-YPF. Es la más importante pues produjo en 2011 el 55,4 por ciento del crudo y el 43,8 por ciento del gas de todo el país. Las producciones no se mantuvieron ni se empinaron sino que fueron disminuyendo.
Argentina es un gran productor de gas y petróleo pero se ha convertido en un “mercado maduro” desde el punto de vista energético: tiene ya sus campos de explotación en “fase de declive” y por primera vez su balanza energética ha sido deficitaria.
Según un estudio de Barclays Capital citado por el diario Expansión, el consumo de petróleo en Argentina ha crecido un 38% entre 2003 y 2010. El de gas lo ha hecho un 25%. Sin embargo, la producción de crudo habría caído un 12% y la de gas sólo ha aumentado un 2,3%.
A esta situación hay que añadir el hallazgo de yacimiento de gas pizarra de Vaca Muerta, el tercero de hidrocarburos no convencionales más grande del planeta con un valor de mercado estimado superior a los 250.000 millones de dólares, cuya explotación exige grandes inversiones.
Su explotación convertiría a la Argentina en autosuficiente y triplicaría las reservas conocidas del país. La puesta en explotación de Vacas Muertas exige una inversión en los próximos años de 25.000 millones de dólares, mientras que el plan inversor comprometido por Repsol en carta a la Presidenta Cristina Fernández es de 3.416 millones de dólares en 2012, después de 3.029 millones en 2011.
El crecimiento sostenido de la economía argentina de los últimos años, con el correspondiente incremento del parque automotor, ha disparado la demanda de combustibles y gas (fuel, gas y gasoil para la industria y el agro), factor al que han de agregarse los coletazos de la crisis mundial, que han tenido gran impacto en la cuenta de los hidrocarburos.
Por tanto no es de extrañar que Argentina haya respondido a esta situación.
Desde Amaiur así mismo compartimos el que se desee recuperar para Argentina su principal recurso natural. Argentina busca lo que busca cualquier país libre y soberano. Que sus recursos energéticos sean un bien de interés general y no un bien a la libre disposición de las multinacionales. Unas empresas multinacionales preocupadas en la extracción, en llevarse todo lo que puedan y en repartir miles de millones de dólares entre sus accionistas extranjeros.
La declaración de interés publico del autoabastecimiento de hidrocarburos es algo lógico, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico con justicia social.
El conflicto hay que llevarlo a su adecuado término. Es un conflicto entre una multinacional (Repsol) y Argentina.
Repsol declara en el Estado Español el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%.
Repsol no es más que una empresa propiedad de sus accionistas. Además el 42’00% de las acciones está en manos de fondos de inversión que no tienen su sede en el Estado Español, a lo que hay que sumar el 9’48% que está en manos de Pemex (México).
Y ese conflicto entre REPSOL y Argentina tiene de conformidad a la legislación comercial nacional e internacional sus cauces de resolución conforme al Convenio e Protección de Inversiones Extranjeras de 1991 entre Argentina y España, el Convenio de Washington sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones y la legislación nacional argentina. Corresponderá pues a Repsol como entidad el acudir a dicha regulación y dirimir esta cuestión ante CIADI buscando un arbitraje o impugnando la decisión ante los tribunales argentinos. Corresponde a este marco el dirimir si las decisiones de Argentina han sido arbitrarias y lesivas, por no mediar un interés general y determinar sobre el “justiprecio” derivado de la expropiación. Pero eso es algo que corresponde hacer a la entidad.
Desde Amaiur no compartimos por tanto la escalada verbal y de declaraciones efectuadas por el gobierno español, ni la política de confrontación, que puede afectar a las relaciones fraternales que une a la Península con Argentina así como al amplio flujo comercial.
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