Recientemente se conoció un manifiesto suscrito por doscientos jueces ante el escandaloso indulto concedido por el gobierno central a cuatro miembros de la policía catalana condenados por apremios ilegales. En ese contexto se difundió que de los 62 agentes de las fuerzas de seguridad española condenados por torturas contra ciudadanos vascos, 36 fueron indultados por los gobiernos del PP y del PSOE.
"Conseguir que prospere una denuncia por torturas en el Estado español es
muy difícil, no porque falten los testimonios, sino porque muchos no
son atendidos. Así lo ha certificado el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo en varias ocasiones. Cuando las condenas se han producido en
los juzgados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, han sido con
frecuencia revocadas en los tribunales de Madrid, donde se ha podido ver
a la Fiscalía actuando como defensa de los acusados. Y cuando la pena
ha sido ineludible, o no se ha cumplido o los condenados han sido
finalmente indultados por el gobierno de turno". Leer más...
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