"Quieren derrotar a la política para después ir por el Estado"

Por Julio De Vido *

En un encuentro organizado por el denominado Foro de Convergencia Empresaria, del que participaron directivos de las principales compañías del país, dirigentes de cámaras que representan intereses sectoriales y referentes de la oposición política y mediática, expresaron opiniones que constituyen una muestra cabal de cuál es su verdadera visión respecto del mercado, su relación con el Estado, la democracia y el desarrollo económico. Algunos disertantes, en sintonía con el discurso de los medios opositores y los políticos que apuntalan, incluso ante la atenta y vigilante mirada de Magnetto, Macri y Massa, plantearon que no existe una “real” división de poderes para que se mantengan las reglas. En la Argentina existe una clara y concreta división de poderes y una libertad de expresión sin ninguna restricción, inédita en la historia del país que no puede pasar desapercibida ni al observador más distraído.

Muy llamativo resulta que el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAME), Martín Dedeu, adhiera a este diagnóstico reclamando “reglas claras”, cuando en el año 2003 la minería era una postal de una actividad abandonada. La política minera de estos diez años le permitió al sector un crecimiento record: el producto bruto corriente sectorial creció 120 por ciento, las exportaciones 210 por ciento, la cantidad de proyectos en actividad pasó de 40 a 700 y la cantidad de empresas del sector incrementándose 50 por ciento, propiciando la creación de 2200 pymes de servicios nacionales y de 450.000 puestos de trabajo en el país.
De la misma manera, tampoco resulta comprensible que coincida con esta visión el titular del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (Cacme), Jorge Feriolli, quien pidió un marco para los hidrocarburos que sea fruto del consenso, sólido y estable, como si la nueva ley para promover inversiones en el sector no fuera producto de un amplio debate en el Congreso Nacional, salvo que Feriolli conozca un ámbito institucional diferente para discutir una ley o lo tenga y no pueda expresarlo.
El país durante los años noventa fue un exportador neto de energía con libre disponibilidad de divisas bajo un escenario de falso autoabastecimiento cuya contracara era 54 por ciento de pobreza, 25 por ciento de desocupación, la mitad de la población excluida de los servicios y el cierre de 220.000 empresas. Si un escenario de “reglas claras” es este último, indudablemente no es una propuesta positiva para los argentinos.
Pero sin dudas, muy llamativo, sobre todo ante un auditorio que suele culpar al gobierno nacional por una supuesta división de la sociedad argentina y reclama en forma permanente más diálogo, fue el planteo del representante de Techint, quien rechazó incluso la posibilidad de debatir lo que considera inevitable: “El mercado le va a ganar al Estado”, para luego terminar con una frase que me recordó los postulados económicos de la última dictadura militar, cuyas consecuencias conocemos bien. Sostuvo que “el debate es como liberar las fuerzas productivas”. ¿Liberarlas de qué? ¿Del control político? ¿Del Congreso? ¿De las paritarias anuales? ¿De un régimen impositivo redistributivo? ¿De un debate en el Congreso, como quería Feriolli?
En primer lugar, esto demuestra la vocación mercado dominante de Techint, que sólo concibe como solución imponerse sobre el resto, en este caso sobre el Estado que somos todos los argentinos y está muy alejado del marco de diálogo y consenso que debe pregonarse desde cualquier ámbito democrático y republicano, en lugar de añejas consignas de victorias y derrotas. En realidad, quieren derrotar a la política para después ir por el Estado.
Plantear el mercado desde una visión sectorial como lo plantea Techint o como una plaza financiera son concepciones sesgadas o intencionadas que llevan a la desinclusión.
El mercado son los 2.780.400 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Argentina. El éxito como país es lograr que el Estado articule todos los sectores para que avancen y crezcan armónicamente y los 40 millones de argentinos puedan mejorar su calidad de vida. Se ha avanzado formidablemente en este sentido desde el año 2003.
En estos diez años el sector metalúrgico tuvo un desarrollo record. Esta es la notable herencia que deja este modelo económico para el sector. La actividad aumentó su producción global más del 150 por ciento, la ocupación se incrementó 97 por ciento (con notable productividad y capacitación de la fuerza trabajadora), se triplicaron las exportaciones y la cantidad de empresas del sector se incrementó 52 por ciento respecto del año 2003.
Quienes aplaudieron la desafortunada frase seguramente estarán impulsando el regreso al pleno auge del neoliberalismo que desguazó el Estado en los noventa, reduciéndolo a la mínima expresión, destruyendo a la industria, permitiendo que grandes empresas como Techint abandonen las actividades productivas para convertirse en meros agentes de la importación indiscriminada y la especulación financiera.
En esa década, sí que el mercado le ganó al Estado y todos vimos las consecuencias de miseria, pobreza, desempleo, mortalidad infantil en cada rincón del país. ¿Cuáles serían los resultados para Techint, y no es difícil imaginar el destino de sus trabajadores, si el Estado le quitara todas las prerrogativas, subsidios y beneficios antidumping que detentan? ¿A quién le vendería la compañía con domicilio en Luxemburgo sus caños sin costura si el Estado no avanzara con el Gasoducto del Noreste? ¿Tendrán previstos otros negocios que representan mayores utilidades?
En ningún lugar del mundo, incluso en los Estados Unidos, donde el ideario neoliberal ha tenido mayor protagonismo, un dirigente del sector industrial pronunciaría una frase de semejante tenor porque atenta contra sus propios intereses, la república y la democracia. Resulta llamativo y contradictorio que los mismos que proclaman la falta de valores republicanos por parte del gobierno nacional promuevan la desarticulación del Estado, que es una de sus bases fundamentales.

* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.