Sin
dudas, uno de los pilares de este modelo de crecimiento con inclusión
social, luego de la debacle neoliberal, fue la decisión del ex
presidente Néstor Kirchner de tomar y sostener un camino distinto en
materia de tarifas de servicios públicos. Durante la década del ’90,
luego de las privatizaciones, se habían dolarizado las tarifas, lo que
se traducía en pérdida de competitividad de la economía, menor poder
adquisitivo para los salarios y rentabilidades exorbitantes para un
puñado de empresas energéticas, en su mayoría extranjeras.
Desde entonces, persiste un corifeo que reclama de manera constante y
sonante, sin otra alternativa que no implique castigar a los usuarios,
volver a ese esquema de tarifas dolarizadas. Pero en su análisis sesgado
intencionalmente omiten un dato económico clave: la energía en la
Argentina tiene costos en pesos y resulta muy competitiva respecto de
otros países de la región.
Esto es así porque los costos deben medirse independientemente de
quien los pague, es decir si lo afrontan los consumidores o lo subsidia
el Estado, lo que en todo caso forma parte de una concepción política
inclusiva de promover el consumo y el mercado interno. Medido en valores
constantes, el costo promedio de generar un megavatio en nuestro país
es de 66 dólares, es decir un 15 menos que en Brasil (que tiene un 80
por ciento de energía hidráulica), un 50 por ciento de lo que se paga en
Chile. De la misma manera, se paga por millón de BTU (British Termic
Unit) de gas menos de seis dólares, lo que está ostensiblemente por
debajo de los 24 dólares que se pagan en Brasil.
Pero no sólo los costos son los menores de la región, también es
sustancialmente mayor el consumo per cápita de energía, que es un
indicador indubitable de calidad de vida y actividad económica: 329 por
ciento más que Brasil, 184 por ciento más que Chile y 174 por ciento más
que Uruguay. Estos niveles son exactamente el doble de los que teníamos
en la Argentina neoliberal, de las tarifas dolarizadas.
En consecuencia, esta política de sostener y promover valores de
energía competitivos para impulsar el consumo ha sido con frecuencia
calificada como “populista” por los defensores del libre mercado que
cuestionan los subsidios a los servicios públicos por considerarlos un
gasto innecesario. Los resultados de cada década constituyen una
refutación más que contundente: cuando en nuestro país se aplicaron las
políticas que ellos promueven, las industrias se fundieron, la
desocupación llegó al 25 por ciento y miles de compatriotas se vieron
condenados a la miseria, y lo peor, a la desesperanza. En cambio, con
este modelo económico se crearon cinco millones de puestos de trabajo
(menos de un dígito de desocupación), el parque automotor pasó de cinco a
once millones de vehículos y la pobreza se redujo drásticamente, con
los salarios, tanto mínimo como promedio, más altos de América latina.
Todo esto tiene que ver con la fuerte promoción al sector productivo
que significa pagar el gas y la electricidad al costo más competitivo
de la región, al mismo tiempo que el gasto en estos servicios pasó de
representar el 20 por ciento de los ingresos de los hogares a menos del
tres por ciento. Esa diferencia brinda a la industria condiciones
inmejorables de competitividad, que en su mayoría se vuelca al consumo,
lo que redunda en una mejor calidad de vida y en un fortalecimiento del
mercado interno que de manera virtuosa impulsa los niveles de actividad y
empleo.
Por ello, sería bueno que en esta época electoral, en la que se
discute si profundizar el rumbo o se buscan alternativas, cada candidato
exponga qué propuesta tiene en relación con las tarifas de energía.
Seguramente no la pueden explicar porque es inconfesable y bajo
enunciados generales como “replantear la política energética”, como
señaló hace algunas semanas un intendente que disputa una banca de
diputados en la provincia de Buenos Aires. Se esconde retornar a esa
Argentina con tarifas alineadas a los precios internacionales, es decir
pagando en dólares la energía que se produce en pesos y la eliminación
de los subsidios para todos los sectores.
Por eso vamos a seguir trabajando para profundizar el rumbo,
procurando mantener y mejorar la competitividad de los costos de la
energía, siempre en pos de que todos los usuarios accedan a los
servicios en igualdad de condiciones, estén donde estén, sin ciudadanos
de primera y segunda, como proponen algunos, y no para asegurar las
ganancias de unos pocos, sino la inclusión de todos los argentinos.
Este proyecto que conduce la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, es claro en sus objetivos y lo respaldan diez
años de crecimiento, que no fueron a costa de endeudar a las próximas
generaciones, sino de la firme decisión de poner nuestros recursos al
servicio del desarrollo y la calidad de vida de todos los argentinos.
* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Fuente: Página/12
