Responsabilidad del Estado

En el marco del tratamiento de la ley de responsabilidad del Estado, leemos a Eric Calcagno:

En la tradición nacional, Arturo Enrique Sampay, considera a la Sociedad y el Estado como la materia y la forma de una misma realidad, tal como lo señalan las tesis de conjunción. A esta comprobación se le agrega una discriminación de fondo: existen diferencias de objetivos, de instrumentos y de lógicas entre distintas instituciones, organizaciones o grupos, todas sometidas a la autoridad política y jurisdiccional del Estado.

Dice Sampay: “el Estado no es otra cosa que la sociedad políticamente organizada, y no puede haber sociedad sin organización política; con puridad filosófica, diría que la Sociedad es la materia y la organización política es la forma del Estado, por lo que éste no es ni la sociedad ni la organización política por sí solas, sino su compuesto, de manera que entre Estado y Sociedad no existe ninguna separación real” (La Constitución Argentina de 1949, pág. 112). El derecho, “además de servir para satisfacer las necesidades personales y familiares, debe servir al logro del bien común de los argentinos, y ningún derecho individual referido a bienes materiales puede ser ejercido dando preeminencia al interés privado sobre el bien social”, concluye Sampay.

Así, el proyecto de ley que trataremos regula uno de los temas importantes de esta relación entre sociedad civil y Estado, que es el de la responsabilidad estatal por los eventuales daños que pudiera infligir a la sociedad civil. En el fondo, resuelve el antagonismo entre quienes ejercen el poder político y quienes lo enfrentan para defender sus intereses económicos. La solución que se adopta se encuadra en la tesis jurídica de “conjunción con objetivos y lógicas diferentes”, que es la que mejor cumple con las dos condiciones básicas: indemnizar de modo razonable y sin abusos los eventuales daños causados, y a la vez resguardar el bien común.

Más y mejor Estado

Leemos

Los argentinos son partidarios de un Estado fuerte, que opere empresas por sí mismo y regule de modo firme la economía. La sentencia resulta inapelable luego de ver los resultados de varios sondeos realizados por la consultora Ipsos Mora y Araujo en los que se demuestra aquella preferencia. En mayo del 2012, a escasas tres semanas de la reestatización de YPF, el aval ciudadano al dominio estatal alcanzó el registro más alto de las últimas décadas, con un 71 por ciento. El control de precios también cosecha aplausos, en particular en los segmentos socioeconómicos más postergados. A la luz de estos datos, las medidas de intervención, generalmente controvertidas, no parecen un capricho del gobierno de turno.

Por más y mejor Estado

Leemos a Ricardo Aronskind, economista de la UBA y la UNGS:

Si bien parece haber un consenso local en cuanto a que hay que “agregar valor” a las materias primas, no está tan claro que para que ese esfuerzo tenga sentido para el país deberá ser apropiado por la sociedad argentina, y no por firmas multinacionales. El empresariado local –cuyo tramo más concentrado está en buena medida transnacionalizado– ha demostrado reiteradamente sus limitaciones para liderar un proceso de desarrollo. Eso pone en el centro de la escena al Estado como motor insustituible de los cambios requeridos para que el país pegue un salto cualitativo en lo social y lo productivo.

(...)

En el terreno productivo, el tramo de la vigorosa recuperación de la actividad debe dar paso a un período cualitativamente diferente, en donde la acción pública debe impulsar transformaciones en un tejido productivo que arrastra numerosas carencias y debilidades. Las evidentes falencias de una industrialización demasiado dependiente del sector automotor, o de un dinamismo agrario apoyado en un cultivo estrella que presenta limitaciones sociales, productivas y ecológicas, deben ser tratadas con políticas públicas puntuales y efectivas. También en materia de actividades extractivas harán falta políticas públicas más precisas, y un Estado con capacidad de regulación, control y captura de rentas en estas áreas tan sensibles. El carácter complejo de estas tareas reclama un sector público más sofisticado, preparado para incidir con eficacia sobre las inercias típicas del subdesarrollo.

Laissez faire, laissez passer

La patronal agropecuaria dice ser muy patriota pero a la vez reniega de un Estado nacional fuerte que ayude a consolidar al país por el camino del desarrollo. Como buenos liberales sólo quieren la presencia del Estado cuando se trata de socializar las pérdidas.

Este fin de semana nos inundan noticias que reflejan el drama de los pobladores de Carmen de Areco. Un pueblo bajo el agua. ¿Catástrofe natural? No tanto. Más bien producto de la imprudencia humana y en este caso particular de productores agropecuarios que se creen los dueños de hacer cualquier cosa.

30.000 canales ilegales que desembocan en el río colpasaron la capacidad de escurrimiento. Como siempre la viveza de unos pocos la terminamos pagando unos muchos.

Un ejemplo más de por qué la intervención estatal es necesaria, por qué la importancia de un mayor control serio y eficiente. ¿Acaso usted cree que en los llamados países desarrollados cualquiera puede hacer cualquier cosa en nombre de la propiedad privada?

El interés particular no puede tener de rehén al interés social. Vivir en una sociedad organizada requiere armonizar los intereses individuales y colectivos, y para ello está el Estado y la propia sociedad organizada.

Quien quiera lo contrario que luego no se queje de la inseguridad.

De turros y morenos

Leemos: "El número de beneficiarios de la asignación por hijo continúa creciendo. De acuerdo con información preliminar de la Anses, en diciembre terminarán cobrando el subsidio unos 3,8 millones de chicos y adolescentes. La cifra creció rápidamente desde los 2,7 millones de la inscripción inicial, con datos consolidados a fines de noviembre. La perspectiva de las autoridades del organismo –según dijeron a Página/12– es que en un plazo de seis meses la cobertura llegue a 4,5 millones de menores de 18 años, mientras que la meta de 5 millones dependerá de la velocidad y eficiencia de los planes para darles DNI a los indocumentados. Una experiencia previa de asignación por hijo en la provincia de Buenos Aires demostró que el principal destino de la ayuda económica es la compra de alimentos, con la carne en primer lugar."

Y qué hacen los muy turros (pero, ojo, que también muy patriotas) en este contexto en el que una porción urgida de la sociedad demanda más proteínas? Aumentan desproporcionadamente los precios: en el orden del 4% en el kilo vivo, cerca del 30% en el mostrador. Hay que pagar los regalitos de navidad!

Mientras tanto siguen llorando por los modales patoteros del Sr. Moreno.

Estoy tentado de decir: dos, tres, muchos Morenos. Pero creo mejor decir mucho más Estado, más inteligente, más organizado y con mucha voluntad de defender a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad.