El veredicto del Tribunal Oral Federal 3 absolvió a todos los acusados. Era el resultado esperado, el favorito en las apuestas que se cruzaban en los tribunales de Comodoro Py. No hubo sorpresa, en ese aspecto. Lo que sí son asombrosos, chocantes y deprimentes otros puntos de la decisión. Los magistrados no se “conformaron” con absolver en base a la presunción de inocencia, que es un noble imperativo legal. Ni en disentir con el juez federal Daniel Rafecas, lo que es una contingencia habitual cuando una instancia superior revoca lo resuelto por una inferior. Trastrocaron todo, transformaron al magistrado y a la Oficina Anticorrupción en presuntos culpables. Un disparate...
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Pero acá sus Señorías no dicen que los hechos no se comprobaron, que de eso se trataría en el mejor de los casos, sino que no existieron. Sólo arrogándose tales poderes extrasensoriales pueden llegar tan lejos y aducir que hubo mala praxis de quienes investigaron o querellaron.
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Otro tribunal Oral Federal, el número 1, había condenado a dos peritos (uno de ellos propuesto por Fernando de Santibañes) por truchar pruebas para descalificar a Pontaquarto. Con el resultado de ayer, serán los únicos condenados en esta causa. En fin...
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La ley se aprobó en el año 2000. La causa remoloneó para comenzar, fatigó a ritmo de tortuga sus laberintos kafkianos, la sentencia llega más de trece años después de los hechos. Sus Señorías tendrán meses para redactar y difundir sus fundamentos completos. No hay por qué pedirles, caramba, que se apuren o que dejen de disfrutar de la feria de enero. Así funcionan la mayoría de los juzgados y Cámaras en nuestro país. No todos ciertamente, aunque sí demasiados.
Hablamos de un poder del Estado, el Judicial, al que es habitual apodar “la Justicia”. Hay muchas personas VIP que opinan que no es necesario que haya una reforma judicial.
La increíble, triste y morosa historia que tratamos de reseñar induce a pensar lo contrario.
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