Gestión de Desastres: Polémico cierre de la Conferencia de Sendai

Leandro Etchichury (ex director de Planeamiento y Capacitación de la Dirección Nacional de Protección Civil)

Con unos 6500 participantes, el pasado 18 de marzo culminó en Sendai (Japón) la III Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres definiendo un nuevo marco de acción para los próximos 15 años.

El encuentro se inició con el objetivo de evaluar y superar el anterior Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, pero finalizó contra las cuerdas ante los duros cuestionamientos de distintas organizaciones de la sociedad civil y representantes de los países menos desarrollados y por lo tanto más vulnerables.

La divisoria de criterios quedó en evidencia, a lo largo de los cinco días de debate, en la falta de un acuerdo respecto a lograr un compromiso financiero solidario por parte de los países más desarrollados con el resto de los habitantes del planeta, polémica que retrasó la clausura de la Conferencia por casi un día.

Calificándolo de abstracto, distintas ONGs manifestaron su descontento con lo conseguido, denunciando, como fue el caso de la asociación ActionAid, que "los países ricos eluden su responsabilidad", señalando además que "los términos empleados sobre lo que los países ricos deben aportar son ambiguos". Desde Oxfam, Scott Paul (asesor principal de Política Humanitaria) señaló que su organización “está profundamente decepcionada por el resultado alcanzado en Sendai. Más aún teniendo en cuenta el emotivo llamamiento que hace apenas unos días los participantes escuchaban del presidente de Vanuatu, Baldwin Lonsdale. Parece que se ha hecho oídos sordos a su oportuna llamada a la acción. Los líderes han construido este marco en torno a un conjunto de objetivos insuficientes y poco ambiciosos que no promoverán una acción decidida ni conllevarán una rendición de cuentas clara”.

Tan hueca sonó la promesa del ministro francés de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, en su discurso durante la sesión inaugural, al designar al 2015 como “el año del cambio”, que un cable de la agencia AFP destacó los comentarios de un anónimo funcionario del Banco Mundial: "temo que la toma de conciencia sobre la urgencia del momento y la ambición en los objetivos no estén a la altura".

No obstante, aún contra reloj, logró ser aprobado un documento común y en palabras de Margareta Wahlström, titular de la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres, “el Marco de Acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres adoptado hoy integra el aprendizaje y las experiencias difíciles de la última década, y supone un paso muy importante en la construcción del futuro de todos los países”.

El nuevo marco de acción contiene siete objetivos para la prevención y respuesta a las catástrofes por un periodo de 15 años, entre los que declama una reducción de las personas afectadas y la mortalidad causada por los desastres para el año 2030, un descenso de los daños de infraestructura crítica y servicios básicos, reducción de las pérdidas económicas y aumento del número de países que cuentan con estrategias nacionales y locales.

Algunas de las voces críticas al documento señalaron a la prensa allí presente que el debate no está cerrado y proseguirá en futuros encuentros.

18F, el bautismo de fuego del partido judicial

Documento de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante la ofensiva de un sector del Poder Judicial contra las autoridades democráticamente elegidas por el pueblo argentino

Breve introducción y alguna reflexión.

Me contaban que en los últimos días, cuando terminaba de hablar en algún acto oficial, TN, el cable del monopolio Clarín, titulaba: “No mencionó a Nisman”, “No habló de la marcha del 18F”.
Es cierto que cuando hablo por cadena nacional se les dificulta apenas un poquito la tarea destructiva y depredadora de lo institucional. Pero la libertad de prensa, por suerte no sufre mella. La cadena nacional del desánimo y el odio, comandada por Clarín, goza del privilegio de la libre expresión los 365 días del año, durante las 24 horas.
Pero volviendo al reproche que se me hacía por mi “silencio”, resulta curioso que cuando hablo de lo que algunos no quieren, un fiscal me exige que me calle, y cuando no hablo de lo que ellos quieren, me reclaman que hable. En síntesis: la palabra y el silencio, parecen tener dueños en la Argentina.
En realidad, como ciudadana antes que como Presidenta, siempre he tenido la costumbre de analizar, evaluar y luego opinar sobre cualquier hecho, una vez que este ocurre. Es una sana costumbre que no pienso abandonar...

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Entrevista al Pepe Mujica: De lectura recomendada

A Argentina la veo como siempre, llena de incertidumbres. Es una belleza Argentina, porque interpretarla es una fuente de creatividad intelectual. No es fácil. Lo que tengo claro es que el próximo gobierno debe ser peronista, porque si no es peronista, pobre Argentina. Ahora, decir peronista es apenas señalar un sentimiento, porque ahí hay de todo. ¿De cuál peronismo será [el futuro presidente]? No tengo idea. Lo que digo es que si el gobierno no es peronista, se van a juntar todos los peronistas y le van a hacer la vida imposible. Y lo que sí tengo claro es que si a la Argentina le va mal, a nosotros nos va mal. Que me digan lo que quieran, pero yo cuando juega Argentina con Alemania hincho por Argentina.

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La tolerancia cero es pura mierda

Leemos

Setenta años después de la ejecución de un adolescente negro de 14 años por el asesinato de dos niñas, una jueza de Carolina del Sur decretó que el condenado a muerte más joven de la historia de Estados Unidos no tuvo un proceso justo.

El día de su ejecución, el 16 de junio de 1944, George Stinney, que apenas pesaba 43 kilos, era tan pequeño que su verdugo tuvo que poner una guía telefónica debajo de sus nalgas para que no se deslizara en la silla eléctrica.

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YPF Tecnología dio el primer paso para generar energía mareomotriz en el Mar Austral

Mucho se habla del potencial de la Argentina en materia de combustibles no convencionales y energías renovables como el viento, el sol y los océanos, entre otros. Sin embargo, hasta ahora son pocos los proyectos reales que se concretaron en esas áreas. Para remediar ese desfasaje, YPF Tecnología (Y-TEC), la empresa de investigación y desarrollo estatal creada entre la petrolera controlada por el Estado y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 2012, anunció la exitosa colocación de dos boyas meteoceánicas que permitirán estudiar el potencial del Mar Austral Argentino como nuevo recurso renovable para la generación de energía eléctrica.

 Gustavo Bianchi, director de Y-TEC, anunció: “Es para nosotros un hito. Dejamos de hablar de energía mareomotriz y comenzamos a trabajar en ella”. Lo hizo durante la presentación del registro audiovisual de la instalación en alta mar de las boyas Axys y Wavescan, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio y los científicos que participaron de la misión, Gustavo Seisdedos y Norma de Cristofaro.

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ELECCIONES AL PARLASUR: LAS COSAS CLARAS

Por Oscar Casal (*)

BUENOS AIRES, dic 08 (DyN) - Respecto a la elección de parlamentarios del Mercosur, creo conveniente separar lo importante de lo que no lo es. En primer término, el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobado por ley 26.146 establece que el mismo es el órgano de representación de los pueblos y que sus integrantes serán electos por sufragio universal, directo y secreto (art. 1, parr.2) y 3). De esta forma queda definida la indeclinable voluntad política de los Estados Partes de reforzar el componente democrático regional, a través de la legitimidad representativa y la participación ciudadana en el proceso de integración, reparando la omisión original del Tratado de Asunción que da inicio al Mercosur. Este salto cualitativo en el esquema institucional regional no hace mas que profundizar el principio democrático que los gobiernos asumieron con carácter de compromiso al firmar el Protocolo de Ushuaia. Ahora bien, resulta difícil de entender y explicar cómo es que algunos de los partidos políticos con representación parlamentaria que por unanimidad aprobaron hace 8 años el Protocolo Constitutivo del Parlasur hoy se oponen con diversos argumentos, a mi juicio inconsistentes, a dar cumplimiento a lo establecido en un acuerdo internacional que ya forma parte de la estructura jurídica tanto del Mercosur como nacional. El argumento de la "oportunidad" manifestado con el pretexto de convocar a elecciones unificadas en todos los países para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.4) del Protocolo, donde se manifiesta la intención del establecer el Día del Mercosur Ciudadano, es por cierto una muestra del desconocimiento absoluto que algunos diputados tienen respecto a los intrincados vericuetos inherentes a las negociaciones de todo proceso de integración nacional, a la vez que desconocen el propio espíritu de los negociadores del Protocolo (los propios parlamentarios nacionales) en cuanto a avanzar en forma gradual pero definida hacia la conformación definitiva del Parlasur. Hoy las realidades políticas en otros países no hacen posible que se llamen a elecciones de parlamentarios regionales, pero en Argentina existen tanto voluntad como condiciones políticas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y de esta forma comenzar a dar a la institucionalidad del Mercosur una legitimidad que carece, la posibilidad de generar una identidad regional y participación concreta de la ciudadanía en el Mercosur y ,seguramente, considerando el peso específico que nuestro país tiene en el proceso de integración regional, la posibilidad concreta de generar un efecto disparador de decisiones que lleven a dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Protocolo. Respecto a la desafortunada afirmación de que los parlamentarios electos por Argentina en 2015 recién ocuparían sus bancas en el año 2020, es absolutamente falso y demuestra, una vez mas, que quienes opinaron en ese sentido ni siquiera se han tomado el trabajo de leer la normativa Mercosur sobre el particular. En efecto tanto las Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC), máximo órgano de la estructura institucional del Mercosur, Nros 28/2010 y 18/2011, establecen con claridad que una vez electos, integrarán sus representaciones en su totalidad de acuerdo a lo previsto en la Recomendación 16/10, por lo que a partir de diciembre de 2015, tal cual lo establece el proyecto presentado por el diputado Landau, cuando la Asamblea Legislativa Nacional tome juramento a los parlamentarios electos, estos estarán en condiciones de asumir en la primera Sesión que convoque el Parlasur. En relación a las inmunidades de los parlamentarios del Mercosur, el Protocolo Constitutivo establece en su artículo 12 no solo que los mismos no podrán ser juzgados civil o penalmente en el territorio de los Estados partes por sus opiniones o votos emitidos en ejercicio de sus mandatos, sino que en el numeral 1 de dicho artículo remite a que dicho régimen se regirá por lo que se establezca en el Acuerdo Sede mencionado en el art. 21. El Acuerdo Sede para el funcionamiento del Parlamento del Mercosur, contempla lo dispuesto en el artículo 12 puntos 2 y 3 del Protocolo Constitutivo, y es aún mas abarcativo garantizando la inviolabilidad personal de los parlamentarios y su inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa. Asimismo, el Protocolo Constitutivo faculta al Parlasur a dictar su Reglamento Interno (art. 14) el cual fue aprobado por Disposición 6/2007. En su artículo 30 punto 1 se establece con precisión que "El Plenario es el juez exclusivo de la conducta de sus miembros". El proyecto presentado por el diputado Landau, que cuenta con dictamen de mayoría de un Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, sostiene que siempre que no haya disposición específica, y en este caso las hay, los parlamentarios del Mercosur serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales, lo cual no debiera sorprender ya que el propio Protocolo remite a esa condición en su articulado, no agregando nada original ni novedoso, ya que existen antecedentes de legislación comparada sobre el particular. De hecho los miembros del Parlamento Europeo, modelo paradigmático regional, se rigen por el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas que en su artículo 10 establece que sus miembros gozarán: a) en su propio territorio nacional de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país; b) en el territorio de cualquier otro Estado miembro de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial. Avanzar en la democratización y la participación ciudadana para el fortalecimiento del Mercosur debiera ser una Política de Estado que trascienda los debates mezquinos y oportunistas. (*) Presidente de la ONG EPICA, Coordinador del Grupo Técnico de Redacción del Protocolo Constitutivo del Parlasur.

Los límites del actual modelo de reindustrialización

Por Claudio Scaletta

Una de las grandes fortalezas de la administración iniciada en 2003 fue el manejo de la política económica y su principal resultado: el crecimiento con inclusión y desendeudamiento. Pero en los últimos años algo salió mal. Hay cuestiones de ciclo económico que son innegables. Un informe de la Cepal conocido esta semana destaca que la región crecerá este año un magro 1,1 por ciento. Sin negar la importancia de un contexto global contractivo, aquí interesan exclusivamente las cuestiones internas que cortaron el ciclo expansivo de una década.
De la misma manera que cuando se analizan épocas históricas, siempre es difícil establecer con exactitud el punto de inflexión. Sí pueden, en cambio, detacarse algunos hitos. El primero, con seguridad, fue la intervención del Indec y la consiguiente pérdida de credibilidad social en las estadísticas públicas. Tratándose de la evolución de la macroeconomía, la alteración de estadísticas parece una formalidad, pero fue el surgimiento de una manera de entender la forma de hacer política; la creencia de que para transformar algunos parámetros económicos bastaba con la voluntad. Más concreto: la interpretación extremista del postulado “la subordinación de la economía a la política”, malentendido como “la subordinación de las relaciones de mercado a la voluntad”. El segundo hito fue el llamado cepo cambiario; la creencia, otra vez, de que la formación de activos externos podía combatirse simplemente con restricciones. Fue el nacimiento de un sistema de tipos de cambio múltiples de facto, con todas las discrecionalidades asociadas, y un punto de partida para manejos dudosos de la política comercial, como la regulación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación condimentadas con el sistema de obligar a exportar para importar, lo que llevó a absurdos como que los importadores “compren” exportaciones, o sea, políticas de efecto nulo en el agregado.
A las formas en el manejo de la política económica, las precedió un factor estructural, también de origen voluntarista, pero preexistente: la creencia de que una economía caracterizada históricamente por sus ciclos de Stop & Go no demandaba planificación. La principal desgracia se expresó en la llegada del déficit energético, situación que hizo palidecer la ausencia de otras políticas sustitutivas de importaciones. En el plano industrial, las armadurías electrónicas representan un enclave deficitario que ni vale la pena analizar, un negocio para pocos sin efecto multiplicador que se traduce en productos caros para quienes pagan la fiesta: los consumidores. Más compleja es la cuestión automotriz. La caída sectorial de 2014 es impresionante: 24 por ciento en los primeros 10 meses según el último informe de la consultora Ecolatina, una señal ineludible de la mala apuesta realizada. Una baja de semejante magnitud, que se “subexplica” por la caída de Brasil, las restricciones a las importaciones y la caída de la demanda interna, indica en realidad las limitaciones del modelo industrial elegido; en concreto, de su inserción internacional y de “regresión sustitutiva”. También explica la estrategia de administración de la restricción externa, un combo que incluyó la restricción de importaciones, situación que, dado el modelo industrial, significó un freno en la producción. En otras palabras: en los últimos años el Gobierno no previó la restricción externa y cuando finalmente llegó, la única decisión fue dejar de crecer. El matiz es que en el último año, el Ministerio de Economía había iniciado una estrategia diferente, pero que fue abortada a partir del acoso del Poder Judicial estadounidense en sintonía con los fondos buitre.
Resta la política cambiaria, otra iniciativa tardía post cepo. Luego de negarse a reconocer el problema de que los excedentes financieros se transformaban a los distintos dólares paralelos por la ausencia de alternativas en pesos, presionando así una devaluación, los cambios en el Banco Central corrigieron el rumbo y, al mismo tiempo, eliminaron también las microdevaluaciones periódicas. No se trata sólo de una “vuelta al ancla cambiaria”, como sintetizan algunas consultoras, sino de asumir que la devaluación no corrige los problemas. Los hechos demostraron que la cuestión cambiaria era inseparable de la inflación. La suba generalizada de precios no era monetaria, pero tampoco resultado de una maldad especial de los empresarios locales en relación con otros países del mundo (inflación oligopólica). Al margen de la discusión por el número verdadero, el último trimestre del año consolidó una baja tendencial de los aumentos de precios. Las explicaciones son dos: la estabilización cambiaria y el freno de la actividad, es decir, de la puja distributiva. El último relevamiento del Estudio Bein difundido este viernes destacó que la inflación pasó de un anualizado del 67,7 por ciento en enero, inmediatamente después del salto devaluatorio, a un 22,4 en noviembre.
Finalmente, esta semana cayó la última interpretación extremista; la idea de que el desendeudamiento siempre es bueno. Haber desendeudado al país fue un gran logro emancipatorio de la última década. Desde los picos post default de 2002 la relación deuda pública/PIB pasó del 166,4 al 39,5 por ciento en 2013. Combinado con el crecimiento de la economía y las reestructuraciones de 2005 y 2010, eso posibilitó que la relación intereses/PIB pase en el mismo período del 3,8 al 1,3 por ciento. Sin embargo, con proximidad de déficit de cuenta corriente, acecho buitre y fuertes vencimientos en 2015, seguir pagando todo con reservas sería un suicidio macroeconómico. Las reservas quedarían en niveles críticos y se desatarían inmensas presiones devaluatorias. Frente a estos datos, el Gobierno decidió abrir la cuenta capital, pagar una parte de los vencimientos del Boden 2015, que suman 6700 millones de dólares, por adelantado y refinanciar, canjeando por Bonar 2024, otra parte a quienes lo deseen. A la vez, también se colocarán nuevas emisiones de Bonar 2024 con una tasa del 8,75 por ciento anual. Si esta operación se completa como prevé Economía, se despejará parcialmente el horizonte financiero y se descomprimirá el nivel de extorsión del Poder Judicial estadounidense, lo que quizá posibilite aumentos de la Inversión Extranjera Directa en sectores hoy clave como infraestructura y, fundamentalmente, energía; lo que se necesita para salir de una economía parada

"Quieren derrotar a la política para después ir por el Estado"

Por Julio De Vido *

En un encuentro organizado por el denominado Foro de Convergencia Empresaria, del que participaron directivos de las principales compañías del país, dirigentes de cámaras que representan intereses sectoriales y referentes de la oposición política y mediática, expresaron opiniones que constituyen una muestra cabal de cuál es su verdadera visión respecto del mercado, su relación con el Estado, la democracia y el desarrollo económico. Algunos disertantes, en sintonía con el discurso de los medios opositores y los políticos que apuntalan, incluso ante la atenta y vigilante mirada de Magnetto, Macri y Massa, plantearon que no existe una “real” división de poderes para que se mantengan las reglas. En la Argentina existe una clara y concreta división de poderes y una libertad de expresión sin ninguna restricción, inédita en la historia del país que no puede pasar desapercibida ni al observador más distraído.

Muy llamativo resulta que el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAME), Martín Dedeu, adhiera a este diagnóstico reclamando “reglas claras”, cuando en el año 2003 la minería era una postal de una actividad abandonada. La política minera de estos diez años le permitió al sector un crecimiento record: el producto bruto corriente sectorial creció 120 por ciento, las exportaciones 210 por ciento, la cantidad de proyectos en actividad pasó de 40 a 700 y la cantidad de empresas del sector incrementándose 50 por ciento, propiciando la creación de 2200 pymes de servicios nacionales y de 450.000 puestos de trabajo en el país.
De la misma manera, tampoco resulta comprensible que coincida con esta visión el titular del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía (Cacme), Jorge Feriolli, quien pidió un marco para los hidrocarburos que sea fruto del consenso, sólido y estable, como si la nueva ley para promover inversiones en el sector no fuera producto de un amplio debate en el Congreso Nacional, salvo que Feriolli conozca un ámbito institucional diferente para discutir una ley o lo tenga y no pueda expresarlo.
El país durante los años noventa fue un exportador neto de energía con libre disponibilidad de divisas bajo un escenario de falso autoabastecimiento cuya contracara era 54 por ciento de pobreza, 25 por ciento de desocupación, la mitad de la población excluida de los servicios y el cierre de 220.000 empresas. Si un escenario de “reglas claras” es este último, indudablemente no es una propuesta positiva para los argentinos.
Pero sin dudas, muy llamativo, sobre todo ante un auditorio que suele culpar al gobierno nacional por una supuesta división de la sociedad argentina y reclama en forma permanente más diálogo, fue el planteo del representante de Techint, quien rechazó incluso la posibilidad de debatir lo que considera inevitable: “El mercado le va a ganar al Estado”, para luego terminar con una frase que me recordó los postulados económicos de la última dictadura militar, cuyas consecuencias conocemos bien. Sostuvo que “el debate es como liberar las fuerzas productivas”. ¿Liberarlas de qué? ¿Del control político? ¿Del Congreso? ¿De las paritarias anuales? ¿De un régimen impositivo redistributivo? ¿De un debate en el Congreso, como quería Feriolli?
En primer lugar, esto demuestra la vocación mercado dominante de Techint, que sólo concibe como solución imponerse sobre el resto, en este caso sobre el Estado que somos todos los argentinos y está muy alejado del marco de diálogo y consenso que debe pregonarse desde cualquier ámbito democrático y republicano, en lugar de añejas consignas de victorias y derrotas. En realidad, quieren derrotar a la política para después ir por el Estado.
Plantear el mercado desde una visión sectorial como lo plantea Techint o como una plaza financiera son concepciones sesgadas o intencionadas que llevan a la desinclusión.
El mercado son los 2.780.400 kilómetros cuadrados de superficie que tiene Argentina. El éxito como país es lograr que el Estado articule todos los sectores para que avancen y crezcan armónicamente y los 40 millones de argentinos puedan mejorar su calidad de vida. Se ha avanzado formidablemente en este sentido desde el año 2003.
En estos diez años el sector metalúrgico tuvo un desarrollo record. Esta es la notable herencia que deja este modelo económico para el sector. La actividad aumentó su producción global más del 150 por ciento, la ocupación se incrementó 97 por ciento (con notable productividad y capacitación de la fuerza trabajadora), se triplicaron las exportaciones y la cantidad de empresas del sector se incrementó 52 por ciento respecto del año 2003.
Quienes aplaudieron la desafortunada frase seguramente estarán impulsando el regreso al pleno auge del neoliberalismo que desguazó el Estado en los noventa, reduciéndolo a la mínima expresión, destruyendo a la industria, permitiendo que grandes empresas como Techint abandonen las actividades productivas para convertirse en meros agentes de la importación indiscriminada y la especulación financiera.
En esa década, sí que el mercado le ganó al Estado y todos vimos las consecuencias de miseria, pobreza, desempleo, mortalidad infantil en cada rincón del país. ¿Cuáles serían los resultados para Techint, y no es difícil imaginar el destino de sus trabajadores, si el Estado le quitara todas las prerrogativas, subsidios y beneficios antidumping que detentan? ¿A quién le vendería la compañía con domicilio en Luxemburgo sus caños sin costura si el Estado no avanzara con el Gasoducto del Noreste? ¿Tendrán previstos otros negocios que representan mayores utilidades?
En ningún lugar del mundo, incluso en los Estados Unidos, donde el ideario neoliberal ha tenido mayor protagonismo, un dirigente del sector industrial pronunciaría una frase de semejante tenor porque atenta contra sus propios intereses, la república y la democracia. Resulta llamativo y contradictorio que los mismos que proclaman la falta de valores republicanos por parte del gobierno nacional promuevan la desarticulación del Estado, que es una de sus bases fundamentales.

* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Ganancias: Recalculando

Leemos a Alfredo Zaiat

"...En casi todos los países de medios y altos ingresos, del 65 al 80 por ciento de la recaudación de Ganancias proviene de las personas físicas y el resto de las sociedades. En Estados Unidos, las personas físicas aportan el 81,6 por ciento y las empresas, el 18,4 por ciento restante de la recaudación por Ganancias. Aquí, la relación es inversa. La relevancia de ese resultado es que los ingresos de los primeros pueden ser redistributivos, mientras que los de los segundos son perfectamente precalculables, entonces el empresario los incorpora a sus costos. Así, el efecto es semejante al de un impuesto al consumidor.
Tanta energía sindical y especulaciones políticas sobre ese impuesto podrían estar volcadas a pensar un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo. Para alcanzar ese objetivo, líderes gremiales tienen la oportunidad de plantear un debate integral del régimen de Ganancias más que presionar por una conquista que sólo mejora a la cúpula de la pirámide salarial."