Leemos que "en 2004, María Julia Alsogaray fue condenada por enriquecimiento
ilícito. La Justicia impuso a la funcionaria tres años de prisión y la
devolución de 500 mil dólares de un contrato que había falseado con la
empresa Astilleros Alianza y 622 mil pesos de sobresueldos por la ley
secreta de fondos reservados. En aquel entonces, el Centro de
Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) logró
que el Tribunal Federal Oral Nº 4 aceptara destinar al Hospital
pediátrico Garrahan 700 mil dólares que se le decomisaron. Luego de
nueve años de litigio, la Corte Suprema decidió rechazar esta medida. En
su resolución sostiene que no está autorizada para asignar ese dinero a
un hospital público y que esta “transferencia sin cargo de fondos
públicos a terceros iría en contra de las normas que garantizan el
financiamiento del Poder Judicial”. Con esta determinación dio por
cerrado el caso".
El director ejecutivo del Cipce, Agustín Carrara dijo a Página/12 que “es curioso que la decisión de la Corte Suprema no fuera publicada ni
siquiera en su portal de noticias. Sólo pudimos acceder a ella los
involucrados o aquellos pocos que tienen su número de expediente. El
máximo tribunal ha decidido darle la espalda a la sociedad civil,
negándose a participar en una política pública que busque combatir la
corrupción. Asignar ese dinero a un fin social habría sido fundamental
en el cambio cultural que se necesita para enfrentar la criminalidad
económica, mostrando la importancia de recuperar activos robados del
Estado”.
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