Convencer sobre la presunta preocupación del gobierno de la Ciudad acerca del espacio público necesitaría de un genio de la publicidad.
Como en los preparativos de la masacre de Ezeiza en junio de 1973, la asociación gremial de los trabajadores municipales participó en la movilización de esos civiles armados. Entonces se llamaba UOEM y hoy SUTECBA, pero su conducción sigue estando en manos de Amadeo Nolasco Genta y Patricio Datarmini. Para gatillar el conflicto, centenares de pobres de solemnidad fueron traídos en colectivos y camiones pagados por el esposo de Graciela Camaño desde Tigre, Pilar, Moreno, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora, sin que la estructura política y policial de la provincia de Buenos Aires lo avisara al Poder Ejecutivo. Como en el asedio a la Legislatura porteña en julio de 2004, barrabravas del fútbol vinculados con Macrì intervinieron en el desencadenamiento de la violencia. Como en uno y otro caso, la política y los negocios se cruzaron en forma espuria.
Cristina enfrenta el desafío a un mes y medio de la muerte de su esposo y líder político y, luego de un grave error inicial, ha respondido con sensibilidad e inteligencia, sin ignorar la intencionalidad de los episodios ocurridos cuando celebraba el tercer aniversario de su mandato y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Al mismo tiempo que sus enlaces políticos con Macrì instigaban la violencia, el ex senador Eduardo Duhalde reclamaba desde Estados Unidos la imposición del orden. CFK reiteró la decisión de Kirchner de eludir las respuestas represivas a problemas políticos y sociales y asumió la difícil decisión de terminar con el autogobierno de las fuerzas de seguridad, que no podía prolongarse sin graves riesgos.
Hijo de un ladrillero italiano que llegó a la Argentina hace apenas 63 años, primer argentino nativo de su familia y casado con otra hija de inmigrantes, Macrì identificó migración con comercio ilegal de sustancias estupefacientes, sin la menor prueba ni mención a los empleados municipales y punteros de su partido involucrados en el episodio. Su afirmación de que la Policía Metropolitana no contaba con el armamento necesario para desalojar el Parque Indoamericano y proteger los barrios vecinos desnuda su concepción mejor que cualquier análisis ideológico. ¿Qué necesitaba su fuerza policial para tratar con los centenares de personas que acamparon allí, atraídas por su ofrecimiento de títulos de propiedad y por las transacciones económicas de sus punteros? ¿Acaso tanques, bazookas, misiles, cazabombarderos? Sus reiteradas alusiones a inmigrantes ilegales son inexactas. La chica boliviana asesinada iba a recibir la semana próxima su DNI. Era una de los centenares de miles de inmigrantes que desde 2003 han regularizado su situación. Pese a ello, la desocupación se redujo, del 23 al 7,5 por ciento, lo cual descalifica la literatura barata sobre su impacto negativo en la situación económica.
La punta del ovillo de la agresión armada es Julio Carlos Capella, identificado en las imágenes periodísticas como uno de los hombres que avanzaron sobre los ocupantes del Parque Indoamericano. Es empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Junta Electoral de SUTECBA. Su padre, Carlos Roberto Capella, es empleado del Club Atlético Boca Juniors y del gobierno de la Ciudad. Según informes de Inteligencia que maneja el gobierno nacional, su tío, Jorge Luis Capella trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones. Ingresó en enero de 2003, cuando Miguel Angel Tomanzano era ministro del Interior y Cristian Ritondo subsecretario. Tomanzano y Ritondo son el puente político entre Macrì y el ex senador Eduardo Duhalde. Para ingresar a Migraciones, Capella presentó un certificado falso de estudios secundarios, lo cual le valió un sumario y una denuncia penal, que está en trámite. “La Negra” Capella, tía de Julio Carlos, es puntera macrista en Villa Lugano. Por último, otro pariente, que el gobierno identifica como “Quico” Capella, quien también trabajó en Migraciones, ingresó allí durante la gestión menemista del capitán de navío (RE) Aurelio Carlos Martínez, Za Za, ex edecán naval de Isabel Perón y operador político de Emilio Massera. Quico habría sido chofer de Lorenzo Miguel. Otras fuentes, no oficiales, afirman que punteros de Ritondo vendieron parcelas en el Parque Indoamericano, como parte de una disputa con la fundación de Hebe Bonafini y Sergio Shocklender. Las mismas fuentes atribuyen a Macrì la intención de privatizar el parque.
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