Ciudadanía mercosureña
La cuadragésima Cumbre del Mercado Común del Sur, que deliberó hasta el día jueves en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú avanzó en el proceso de integración de sus Estados miembros. Hubo lugar para discutir la unificación de aranceles y establecer que antes de cerrar la década se pueda contar con un Mercosur sin tarifas para el flujo de bienes y servicios. También la cumbre se pronunció a favor de la incorporación en igualdad de condiciones de Venezuela. Este fue un mensaje de aliento para el propio gobierno bolivariano de Hugo Chávez que ha bregado con insistencia por ser miembro pleno de la unión de Estados. De la misma manera ese pronunciamiento estuvo destinado a desalentar las voces de algunos sectores políticos existentes en algunos Estados miembros, especialmente en Paraguay, donde la oposición política ha hecho del tema de la incorporación de Venezuela una batalla por demás complicada para la continuidad de la presidencia de Fernando Lugo.
La reunión contó con una agenda de mayor alcance a partir del reconocimiento de una ciudadanía tanto común como libre de prejuicios. Es así que sus miembros condenaron toda expresión de xenofobia. Además, esos Estados mercosureños destacaron la necesaria protección de derechos para los trabajadores migrantes. Sin duda ambos mensaje fueron destinados a ciertos relatos de la política porteña-nacional elaborados durante los sucesos de la ocupación del Parque Indoamericano. En la ocasión hubo lugar para el verbo de tono discriminatorio similar al que desde hace años forma parte de los discursos de muchos dirigentes europeos para con los inmigrantes que llegan a sus países desde esta parte del mundo y del continente africano.
El estatus de ciudadanía única pone al bloque en el punto más alto de su construcción política. Su agenda de ciudadanía es vital, novedosa y, como dicen los teóricos, está en el “umbral de su construcción”. Igual que con la implementación de la “claúsula democrática” votada recientemente para frenar a los actores antidemocráticos de la región.
Todos estos pronunciamientos colocan el horizonte de expectativas de los presidentes del Mercosur en lo mejor de la tradición progresista. Para éstos hablar de ciudadanía y democracia es dar cuenta de un proceso si bien siempre móvil en condiciones de ir hacia adelante. Y para el caso la idea es que en diez años bolivianos, paraguayos, argentinos, brasileros, uruguayos y venezolanos y, eventualmente, los socios chilenos y peruanos, puedan ser portadores de una cédula de identidad similar con el propósito de circular libremente dentro de la zona común. Hasta los automóviles serán objeto de esa ciudadanía mercosureña ya que también podrán rodar libremente dentro de este espacio unificado con placas comunes.
Sin duda el proceso de integración entre los países firmantes del Pacto de Asunción en 1991 avanza hacia una institucionalización que será puesta a prueba con el tiempo. Aun así en algo menos de tres décadas, si la tendencia actual no se detiene, los integrantes del Mercosur completaran su proceso integracionista en un menor lapso que el que llevó a la actual Unión Europea.
Más habitantes, ¿más ciudadanos?
El Mercosur ha dado un paso decisivo para que sus trescientos millones de hombres y mujeres cuenten con una cartilla de ciudadanía común. Y hablando de millones los funcionarios encargados del censo nacional realizado hace dos meses en el país han dado los primeros datos. Destacaron la cifra de 40.091.359 de habitantes. Cada uno de esos habitantes son portadores de ciudadanía, en principio local y, ahora bajo la promesa de su alcance regional.
Los primeros datos difundidos el viernes dieron cuenta que dentro de ese total las mujeres superan en un millón a los hombres. Además, sin precisar las cualidades de las residencias y el estado de ocupación, el país dispone de un total de 14.297.149 viviendas. Algo menos de tres censados por cada unidad habitacional. Mirado así la relación pareciera óptima. Sin embargo, la realidad de las ocupaciones recientes y las de la última década y media, brinda un panorama complejo en cuanto a una distribución equitativa de un espacio para el buen vivir. No es un secreto para nadie que el Estado nacional y los provinciales siguen sin resolver adecuadamente el déficit habitacional. Esta falta sin duda afecta la propia idea de una ciudadanía que goce de atributos que le den sentido de tal.
La ciudadanía como lucha
La “ciudadanía no es un mero dato sino una construcción social que se funda, por un lado, en un conjunto de condiciones materiales e institucionales y, por el otro, en una cierta imagen del bien común y de la forma de alcanzarlos. Lo que equivale a decir que es siempre el objeto de una lucha”, dice el polítologo José Nun. Ciertamente, la ciudadanía es una construcción que se produce con el tiempo y por lo tanto no es una condición ontológica ni estática, se construye a través de un proceso de inclusión progresiva y de “adquisición de poder” por parte de la sociedad. Y, naturalmente, se relaciona con los conflictos sociales y políticos. Ésta debe ser la mirada que permita entender la dimensión de la conflictividad por las ocupaciones –y otros conflictos- existente en la Argentina. Y de ello no hay que asustarse, aunque muchas veces esas tensiones vengan de la mano de aplicar para los “diciembres” el relato del caos y el desgobierno. Sin duda es un relato difícil de desmontar cuando la herencia de 2001 sigue vigente. En la semana hubo voces que agigantaron eventos reales, también de los otros que nunca ocurrieron como saqueos y otras yerbas.
Ciudadanía y Estado
En una definición genérica debe destacarse que hablar de ciudadanía es detenerse en un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización política vigente y que, finalmente, estimulan un conjunto de cualidades morales (valores) que orientan su actuación dentro del mundo público, sostiene el mismo Nun. Por eso no hay ciudadanía sin Estado. Naturalmente un Estado que no sólo se encargue de cumplir con calendarios electorales, sino que sea capaz de producir mediaciones institucionales en condiciones de encarar los problemas de la desigualdad y poner límites al vicio de que algunos procuran querer tener más a costa de un enfrentamiento implacable. Por supuesto que eso de “más que se quiere” se refiere al mundo del dinero y de otros bienes como la tierra, como también al universo del poder mal buscado para influir sobre todos o una parte de la sociedad. De eso se trata muchas veces la conflictividad social y política.
En ese sentido el reciente arreglo frente a los sucesos de la ocupación de tierra pública en el barrio porteño de Villa Soldatti puso en escena los alcances de la ciudadanía existente en la Argentina. Y el acuerdo puso a cada uno en su lugar. Dando oportunidades para el avance de ciudadanía para grupos vulnerables. Lo cierto es que una ciudadanía plena sin mediación estatal no es imposible.
Fuente: La Mañana Neuquén
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