El hallazgo
del hematoma presidencial desencadenó una carrera de cuestionamientos a
la propia CFK, a la información médica sobre su salud y al
vicepresidente Amado Boudou. Como corresponde a la diversidad del
panorama mediático, hubo quienes exageraron la gravedad del cuadro
clínico y quienes lo minimizaron hasta reducirlo a una mera estratagema
de propósito electoral. Pero todos coincidieron en plantear una
situación de crisis y desgobierno.
Respecto de Boudou, se trazaron dos
recorridos paralelos: por un lado, presuntos conflictos con distintos
funcionarios y allegados a Cristina, sin explicitación de un solo dato
concreto, y por otro la persistente descalificación personal. Se
desplegó sobre él un completo catálogo de adjetivos desdeñosos. Sin
embargo, ninguna de las denuncias reiteradas a diario contra Boudou dio
lugar a medidas judiciales que afecten su aptitud para desempeñar el
cargo al que fue elegido hace dos años.
No se ha probado la existencia
de algún delito y, mucho menos que, de haber existido, sea atribuible al
vicepresidente. El carácter tendencioso de estos señalamientos queda en
evidencia por el contraste con el tratamiento de los mismos medios a
otras figuras políticas, por ejemplo el jefe de gobierno porteño
Maurizio Macrì y los candidatos cordobeses Juan Schiaretti y Oscar
Aguad.
Aunque todos ellos están procesados por la justicia, ese dato es
invisibilizado en la cobertura sobre sus actividades. Una breve reseña
de cada caso:
Juan Schiaretti: el primer candidato a diputado por el Peornismo Opositor cordobés, Juan Schiaretti, está procesado por el cobro de 200.000 dólares en sobresueldos con fondos reservados, durante su gestión como Secretario de Industria. Así lo dispuso la Cámara Federal de la Capital hace tres meses, dictándole un embargo por 300.000 pesos.
Oscar Aguad: el diputado radical por Córdoba y candidato a la reelección, está procesado por malversación de caudales públicos (60 millones de dólares) durante su desempeño como interventor federal en Corrientes. Ese dinero proviene de un crédito, canjeado por bonos provinciales, del que nunca se rindieron cuentas. El procesamiento quedó firme el año pasado una vez agotado el último recurso, con el fallo adverso del Superior Tribunal de Justicia correntino.
Desde que se anunció la dolencia presidencial hasta ahora, La Nación y Clarín publicaron decenas de notas sobre Macri, la mitad referidas a anuncios o inaguraciones de obra pública, en las que no mencionan que esté procesado. El tema sólo aparece en el reportaje al candidato de PRO Ivan Petrella, pero aún entonces se soslaya el procesamiento de Macrì. Clarín le preguntó a Petrella qué ocurriría “si avanza la causa de las escuchas” y la oposición pide el juicio político, casi como un pase gol para que el joven teólogo responda: “Me sorprendería. Sería mucha mala fe por parte de la oposición. Creo que está muy claro que es una causa armada, como una especie de espada judicial. Quiero pensar en la buena fe de la oposición para que se puedan debatir temas serios y no entrar en esta politiquería chiquita que no le sirve a nadie”.
La Nación sólo mencionó una vez a Schiaretti, el miércoles pasado, y Clarín tres veces. En ninguna se informó sobre su procesamiento.
Lo mismo ocurrió en la única nota de la semana en que Clarín nombró a Oscar Aguad. El diario cordobés de Clarín, La Voz del Interior, nombró en once notas tanto a Schiaretti como a Aguad y en cuatro a Macrì. No hay en ellas ni una mención a la existencia de las causas judiciales que los afectan.
El colmo fue la nota de Clarín del miércoles 9, sobre la polémica por la referencia de Boudou a Schiaretti durante un acto en Córdoba. El diario omite cualquier dato sobre la situación judicial de Schiaretti. En cambio dice que el vicepresidente habló “sin importarle su procesamiento judicial por tráfico de influencias en la compra de la ex Ciccone”, procesamiento que desde febrero de 2012 sólo existe como expresión de deseos.
El persistente silencio sobre estos casos que comprometen a Macrì, Schiaretti y Aguad, y el estrépito ante cada paso del vicepresidente demuestran que la falta de confianza que padecería Boudou reside en la pura subjetividad de quienes la enuncian y no se asienta en ningún dato objetivo. Es comprensible que ellos no confíen en Boudou, pero no que proyecten ese sentimiento sobre la sociedad.
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