Por Ricardo Aronskind *
La coyuntura económica actual argentina expresa con claridad los problemas no resueltos en la estructura productiva del país y del Estado. Así, en los ruidos cotidianos vinculados al “dólar”, vemos la sombra del grave déficit energético dejado por Repsol, las dificultades de la industria argentina para realizar una más profunda sustitución de importaciones y las maniobras especulativas de la comercialización agropecuaria, además de una demanda “anormal” de esa divisa. En las presiones inflacionarias, además de una cultura social muy compleja, se reflejan las dificultades del Estado nacional para disciplinar a sectores con aspiraciones de ganancias incompatibles con la estabilidad. En las dificultades en los sectores de transporte y energía se evidencian las falencias de las privatizaciones y el rentismo de empresarios locales y extranjeros. De la misma forma, el ralentizamiento de la tasa de crecimiento económico permite ver la aún insuficiente tasa de inversión productiva. Y en relación directa con ésta, el inadecuado uso del excedente económico.
Existe un amplio margen de acción si se desea poner bajo control algunas amenazas coyunturales, y encaminar la economía hacia el desarrollo. En el terreno del sector externo, junto con una decidida política de ampliación productiva energética, hay que apuntar hacia un consumo más eficiente y austero en familias y empresas. Al mismo tiempo, continuar un intenso y sostenido esfuerzo de reducción del déficit comercial industrial, que no descanse sólo en trabas al comercio, sino en logros duraderos en materia de eficiencia e integración. En materia de comercialización de la producción agraria, y de otros bienes primarios, el Estado debería reforzar sus mecanismos de fiscalización y control, ya que hay fundadas sospechas de maniobras ilegales.
La correcta política de administración cambiaria debe ser perfeccionada, eliminando las inconsistencias, como la política liberal en materia turística: ¿no se trata de establecer prioridades para proteger la estabilidad macroeconómica y las reservas? No habría que temer a la opinión pública: a veces ha sido la falta de una adecuada explicación y buena comunicación política lo que ha creado mayor malestar que las medidas racionales que se implementaron, como en el caso de la resolución 125 o la actual administración cambiaria.
En una cultura como la local, con características especulativas y cortoplacistas, la inflación tiene un componente “objetivo” y otro “social” vinculado a comportamientos oportunistas y abusivos de los formadores de precios. Se puede lograr establecer mecanismos que separen ambos componentes, usando la amplia información disponible sobre las cadenas de valor, y aplicar la legislación vigente de defensa de la competencia y contra los abusos de mercado, además de apelar a la acción de los consumidores. Se ha realizado durante una década una política de protección de la industria nacional. Sin embargo, parte de los beneficiados muestran comportamientos rentísticos e inflacionarios, en vez de promover la expansión del mercado interno manteniendo precios moderados. ¿Es necesario que estos actores continúen recibiendo apoyos y estímulos del Estado nacional, dada su baja calidad empresaria? Se requiere una política de seguimiento, análisis y acción clara sobre estos sectores. No parece ser un buen mensaje la incondicionalidad de la protección estatal. Su continuidad debe estar sujeta a resultados verificables. En el caso del transporte y la energía, se ha ido haciendo evidente la necesidad de retomar por parte del Estado la producción y prestación de estos servicios, ya que es el único actor dispuesto a invertir en serio. Además, crea una oportunidad notable para enlazar estas actividades con el desarrollo de otras industrias y conocimientos locales.
El punto de la inversión productiva es central. Su insuficiencia para acelerar el paso al desarrollo es un problema crónico en la Argentina, y no puede ser justificado ni por la carencia de recursos (el excedente económico es muy grande en el país), ni porque el gobierno de turno no da confianza a los inversores (es un argumento que no resiste la verificación histórica).
Direccionar el excedente económico hacia la producción parece una cuestión central para el mediano y largo plazo. El sector público puede orientar con mayor precisión su propio gasto público hacia actividades fuertemente reproductivas. Y vincular el perfil de sus fuentes de financiamiento para incidir en el comportamiento de los actores privados, con mecanismos que estimulen la inversión y castiguen el despilfarro del excedente.
El salto hacia un país mejor requiere en forma indispensable un Estado más inteligente, más estructurado, cuyas dependencias se articulen en pos de metas estratégicas nacionales. No puede haber una gestión eficiente, sin planes que expresen esos grandes objetivos, y generen los instrumentos públicos para concretarlos efectivamente. Pero en el comienzo de todo está la voluntad política.
* UNGS-UBA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario