Salvador Treber
Profesor de posgrado, Ciencias Económicas, UNC
El conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades representativas del campo es, sin lugar a dudas, un enfrentamiento que en el fondo busca dirimir de manera definitiva el destino futuro de una parte de las ganancias que arroja el cultivo de soja. Los representantes del agro seguramente han evaluado que el primero está debilitado y por ello acentuaron su presión como nunca antes lo habían hecho.
Debe tenerse muy en cuenta que al inicio de marzo de 2008 las perspectivas eran inmejorables, circunstancia que un bisoño ministro pretendió aprovechar para elevar la carga tributaria del sector que, salvo por vía de las retenciones, no está habituado a pagar impuestos. Prueba de ello es que su producto interno bruto (PIB) representa el 8,4 por ciento de la economía general, pero sus pagos al fisco nacional –sin tomarlas en cuenta– bajan al 4,8 por ciento, mientras que las contribuciones de seguridad social sobre el personal son aun más bajas (3,6 por ciento) debido a que el 69,7 por ciento permanece “en negro”.
Respecto de la jurisdicción provincial, la situación es semejante, pues el 40 por ciento de los propietarios de bienes rurales pagan el impuesto Inmobiliario, aunque el 60 por ciento no lo ha hecho en los últimos cinco años. Y eso que gozaron de buenos precios y mejores resultados...
La “estrella” del proceso productivo ha sido y sigue siendo la soja. Cabe advertir que 25 años atrás su producción era sólo de cuatro millones de toneladas. Desde entonces, su crecimiento fue verdaderamente explosivo. En la temporada 2001-2002 fue de 30 millones, con un aumento promedio de 1,37 millones por año transcurrido. En los siguientes seis (2003-2008) se agregaron otras 18 millones de toneladas, lo que elevó el citado promedio anual a tres millones.
Nadie puede suponer que ese avance se logró sin el incentivo de muy buenos beneficios. Es así como la superficie cubierta con soja pasó de 1,9 a 16,6 millones de hectáreas (2008); sobre un total de 31 millones que ocupan los cereales y oleaginosas, representa el 53,5 por ciento del área.
A su vez, de las 14,7 millones de hectáreas en que se amplió su cultivo, 8,5 millones corresponden a la extensión de la denominada “frontera agraria”, que significó incorporar campos inexplotados o dedicados al pastoreo y por talado de bosques; otras 2,6 millones que antes estaban sembradas con trigo –cereal que duplicó el rinde utilizando un área menor– y 3,6 millones que antes estaban afectadas a la cría de ganado vacuno.
En esta última actividad, obligó a modificar el proceso productivo, integrando cría e invernada para hacerlo en corrales, establos o avanzando sobre tierras marginales, lo cual permite dedicar las mejores superficies a la soja.
Todo esto sería muy bueno para los productores y el país si al cabo de 10 años, sin la debida rotación de cultivos, no se esterilizara la tierra. Evitarlo requiere una alternancia de siembras; pero no se hace. Allí, por lo tanto, hay una verdadera bomba de tiempo.
Grandes y pequeños propietarios. Un tema adicional, del que se habla muy poco, es la enorme diferencia que hay entre el número de “pequeños propietarios”, que ascienden a 288 mil (según el último censo nacional), mientras que cuando computamos “productores” sólo son 71 mil. Ello se explica porque 217 mil de aquéllos no laboran sus campos, sino que los arriendan y cobran el precio respectivo en una suma equivalente a cierto número de quintales por hectáreas (entre 12 y 20, según su calidad y rendimiento potencial).
Esta característica ha dado lugar al crecimiento de los denominados “pools de siembra” que, pese a constituir el 3,8 por ciento del total (alrededor de 2.800) concentran el 60 por ciento de la cosecha. El mayor de ellos –que opera en nuestro país, Uruguay y Paraguay– lo hace sobre 240 mil hectáreas, aunque sólo son dueños de alrededor de 15
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