Si bien parece haber un consenso local en cuanto a que hay que “agregar valor” a las materias primas, no está tan claro que para que ese esfuerzo tenga sentido para el país deberá ser apropiado por la sociedad argentina, y no por firmas multinacionales. El empresariado local –cuyo tramo más concentrado está en buena medida transnacionalizado– ha demostrado reiteradamente sus limitaciones para liderar un proceso de desarrollo. Eso pone en el centro de la escena al Estado como motor insustituible de los cambios requeridos para que el país pegue un salto cualitativo en lo social y lo productivo.
(...)En el terreno productivo, el tramo de la vigorosa recuperación de la actividad debe dar paso a un período cualitativamente diferente, en donde la acción pública debe impulsar transformaciones en un tejido productivo que arrastra numerosas carencias y debilidades. Las evidentes falencias de una industrialización demasiado dependiente del sector automotor, o de un dinamismo agrario apoyado en un cultivo estrella que presenta limitaciones sociales, productivas y ecológicas, deben ser tratadas con políticas públicas puntuales y efectivas. También en materia de actividades extractivas harán falta políticas públicas más precisas, y un Estado con capacidad de regulación, control y captura de rentas en estas áreas tan sensibles. El carácter complejo de estas tareas reclama un sector público más sofisticado, preparado para incidir con eficacia sobre las inercias típicas del subdesarrollo.
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