La agenda de la derecha intenta sobremagnificar el tema del narcotráfico en Argentina y a su vez torcerle el brazo al gobierno tratando de imponer la necesidad de aprobar una Ley de Derribo que permita atacar aviones sospechosos.
Eso tiene un doble problema. Primero violar la ley de Seguridad Interior que impide a las Fuerzas Armadas involucrarse en cuestiones de seguridad interna. En esto la derecha argentina es vocera de los intereses norteamericanos que presionan en ese sentido. El otro tema, como dijo el ministro Agustín Rossi una ley de ese tipo “significaría pena de muerte sin juicio previo”.
Evitar la expansión del negocio narco en Argentina tiene muchas puntas para su abordaje y todas son importantes, como la del blanqueo del dinero de los grupos extranjeros en los nuevos paraísos inmobliliarios del Tigre y alrededores. Es muy conocida la actitud hipócrita de aquellos que defienden la mano dura y a la vez abren sus puertas a los millones ganados a costa de la vida de muchos.
De la corrupción generada por el dinero sucio nadie está excento, pero hoy los dos puntos más débiles a nivel institucional son las provincias de Santa Fé y Córdoba.
Respecto a ésta última, el caradura del gobernador salió a twittear que: “Las fronteras son un colador. Radarizar ya y ley de derribo. ¡Basta de discursos políticos!”
Sería bueno que De la Sota deje de intentar tomar vuelo con el pajarito azul y mire a su alrededor que en materia de narcotráfico está un poquito complicado.
El periodista Tomás Méndez, quien a través de su programa televisivo
aportó las principales pruebas sobre el vínculo de policías con el
negocio narco en Córdoba, manifestó hoy que el gobernador José Manuel De la Sota “tiene muchos legisladores y funcionarios comprometidos con el narcotráfico”.
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