WASHINGTON (AP y EFE).— Dictadores, burócratas dispendiosos y traficantes de armas extranjeros siguen enviando millones de dólares en fondos potencialmente corruptos a Estados Unidos pese a que las leyes posteriores a los ataques terroristas de 2001 impusieron severas penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado difundida ayer.
El senador Carl Levin, titular de un panel del Senado sobre seguridad nacional, dijo que aunque las instituciones financieras han mejorado la detección de dinero de procedencia dudosa, quedan resquicios en la ley contra el lavado de dinero establecida en la Ley Patriota de 2001.
Agregó que esto ha permitido que abogados, agentes de bienes raíces, cabilderos y otros actúen como intermediarios de extranjeros que buscan colocar su fortuna en Estados Unidos.
Un informe difundido por el demócrata y por el senador Tom Coburn, el republicano de mayor jerarquía en el panel, detalla cómo, por ejemplo, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial colocó 110 millones de dinero de procedencia dudosa en Estados Unidos entre 2004 y 2008.
Agrega que un traficante de armas angoleño, actualmente preso en Francia, mantuvo 30 cuentas bancarias con las que efectuó transacciones por 60 millones de dólares entre 1997 y el 2007.
“El dinero lavado se usa para entrenar y apoyar a terroristas y el terrorismo”, afirmó Levin. “Si queremos detener el dinero ilegal en el exterior, también tenemos que pararlo aquí”, afirmó.
El informe de 330 páginas observó que el Departamento del Tesoro exceptuó a algunas industrias, como la inmobiliaria y los fondos de alto riesgo, de los requisitos de la Ley Patriota contra el lavado de dinero, y que muchos de los profesionales examinados no tenían obligación legal de tomar precauciones contra el lavado de dinero en sus tratos con funcionarios extranjeros. La subcomisión investigadora de Seguridad Nacional del Senado, autora del informe, convocó a varios abogados, agentes inmobiliarios y banqueros participantes en las transacciones financieras a una audiencia. La subcomisión escuchó entre otros testimonios el de Neal Baddin, un agente de bienes raíces que trabajó para Teodoro Obiang Nguema Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y ministro en su gabinete de gobierno, quien dijo que no tenía ni el conocimiento ni la capacitación para los tratos con lo que el gobierno de EU describe como “personas políticamente expuestas”.
El informe de 330 páginas preparado por el subcomité para esta audiencia señala que Obiang Nguema Mangue “es objeto de una investigación criminal estadounidense, (y) ya ha sido identificado en denuncias de corrupción presentadas en Francia”. Además, Obiang Nguema “fue objeto de una audiencia del subcomité en 2004 que mostró cómo el Banco Riggs ayudó a funcionarios de Guinea Ecuatorial en la apertura de cuentas y la realización de transacciones sospechosas”.
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