Ataque

Luego de un feroz ataque de virus que me liquidaron dos máquinas, intento retomar el blog en forma precaria de momento.
Adjunto un artículo de Gustavo López publicado hoy en Página12.


Un gran paso

Por Gustavo López *

Parafraseando a Neil Amstrong, la media sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un gran paso para el sistema democrático argentino.

Hasta el día de hoy tenemos una ley de la dictadura, firmada por Videla y Martínez de Hoz, basada en la doctrina de la seguridad nacional que consideraba al ciudadano como enemigo interno, sospechoso frente al Estado. Por eso, la ley de la dictadura no consideraba a la comunicación como un derecho, sino como una cuestión de seguridad. De esta concepción se desprende que se prohibía a las cooperativas, ONG, universidades y demás asociaciones sin fines de lucro ser titulares de licencias de radio o televisión. Para esa mirada represiva, estos sectores eran los más peligrosos y a los que había que controlar. Tuvieron que pasar 25 años para que algunos de ellos fueran sujetos de derecho.

Esta ley aún vigente fue modificada por decretos de necesidad y urgencia a la medida de los sucesivos grupos empresariales que se beneficiaron con la concentración económica e informativa y cuyo cambio fue impedido sistemáticamente por esos mismos grupos, con la complicidad o la impotencia del sistema político.

Cada vez que se pretendió cambiar la ley, o “no era el momento” o, si lo era, no se acumulaban fuerzas suficientes para lograrlo. Lo real y concreto es que nuestro país, que pudo juzgar a los máximos responsables del terrorismo de Estado, que pudo cambiar la Constitución, no pudo, en 26 años de democracia, cambiar la Ley de Radiodifusión.

El proyecto sancionado en Diputados es un avance enorme respecto de lo que hoy tenemos. Considera a la comunicación como un derecho humano básico, garantiza la defensa irrestricta de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a dar, buscar y recibir información. Transparenta al organismo de conducción, incorporando a la oposición parlamentaria y a los sectores de la sociedad civil a su directorio y consagra la separación de los medios públicos del gobierno de turno. Impone límites a la formación de monopolios que puedan atentar, por su naturaleza, contra el derecho a la libertad de expresión; incorpora en condiciones de igualdad a todos los sectores sociales eliminando cualquier tipo de discriminación y establece cuotas de producción para el fomento de la industria nacional y local de contenidos, preservando la diversidad cultural.

Lamentablemente, la oposición conservadora quiso impedir a toda costa el tratamiento de la ley. En estos seis meses que transcurrieron desde que se conoció el anteproyecto oficial, intentaron desacreditarlo en lugar de discutirlo.

Uno no sabe si fue porque se oponen a todo aquello que provenga del actual gobierno o, lo que sería peor, por defender descaradamente los intereses empresariales. Lo cierto es que ese sector opositor trabajó para impedir la sanción de una nueva ley.

El Congreso se dividió entre los que queríamos cambiar la ley y los que intentaron impedirlo. Por el cambio estábamos los aliados de la Concertación y sectores tanto del socialismo como de la oposición de centroizquierda. En cambio, la oposición más conservadora se refugió en la estrategia de la dilación y la impugnación, cuya consecuencia es la vigencia de esta ley vergonzante.

La deuda por reformar la ley llevaba 25 años de debates. La sociedad civil participó de los foros de discusión, en 2001 ya había participado de audiencias públicas y además, a lo largo de estos años, miles de congresos, charlas o seminarios dieron cuenta de la necesidad de la reforma.

El oficialismo parlamentario abrió el debate y se reformularon muchos artículos. Incluso la Presidenta eliminó la participación de las telefónicas, ya que despertaba las mayores polémicas. Pero la oposición conservadora no quiso participar de esas modificaciones. Paradójicamente, si hubieran asistido a la votación en particular, algunas de las cuestiones que planteaban en los programas de televisión y no en sus bancas se hubieran reformado.

Ahora le toca al Senado. ¿Intentarán nuevamente la dilación pretendiendo eludir el debate, haciendo pasear el proyecto para que nunca salga, o asumirá su rol de representación de cara a la sociedad?

La democracia necesita reglas democráticas en materia de radiodifusión. Si el Congreso sanciona una nueva ley, el sistema democrático habrá demostrado estar maduro para mejorar nuestro sistema institucional. Dimos el primer paso, sacamos el tema de la oscuridad, corresponde a los legisladores dar a luz una nueva ley de la democracia, por la salud de la República.

* Subsecretario general de la Presidencia.