lunes, 12 de octubre de 2009

Algunos datos sobre el asunto Papel Prensa


“El secretario de Comercio Guillermo Moreno es brutal porque compensa con fuerza tosca su falta de otros atributos. Una mente más sofisticada habría analizado los antecedentes de los representantes del Estado en Papel Prensa antes de hacerles confesiones que le harían daño al Gobierno si trascendieran, y hubiera así advertido que uno de ellos había sido empleado de Clarín, a pesar de representar formalmente al Estado (…). Moreno creyó (…) que con sus muchachos no hacía falta gastar esfuerzos en inteligencia previa. Y se llevó un chasco porque el licenciado Carlos Collasso, consejero titular de vigilancia de la empresa Papel Prensa representando al Estado, pero ex empleado de Multicanal, la primera empresa de cable de Clarín, denunció frente a un escribano público lo que había escuchado. (…) De las 170 mil toneladas que fabrica por año, 40 mil son consumidas por La Nación, 100 mil por Clarín y apenas 30 mil se venden a otros diarios . El resto de los diarios compra su papel en el exterior; el total de esas importaciones fue 84 mil toneladas en 2008, y se prevé que esa cantidad se reduzca a la mitad en 2009. (…) Que el papel de Papel Prensa sea hoy el 11% más caro que el importado no quiere decir que Clarín y La Nación lo paguen más caro, porque el precio del papel para sus accionistas es de 500 dólares, todavía el 10% más barato que el importado. Pero en el pasado esa diferencia de precio fue en promedio 30% más barato, llegando en los momentos de grandes devaluaciones a costar la mitad. Esto benefició a Clarín en mucho mayor proporción que a La Nación, que consume sólo un tercio de Clarín. Pagar el papel entre un tercio y la mitad fue una ventaja competitiva insuperable para cualquier competidor, y cuanto mayor fuera la cantidad de ejemplares a imprimir, peor era la situación del diario que compitiera con Clarín. Por ejemplo, Crónica, que cuando se fundó Papel Prensa vendía 700 mil ejemplares por día contra 300 mil de Clarín, fue cayendo progresivamente hasta ser hoy menos del 10% de aquella venta, mientras Clarín aumentó respecto de hace treinta años. (…) Si Clarín no tuviera Papel Prensa gastaría 10 millones de dólares más en papel por año por mayor precio.” (Jorge Fontevecchia, Perfil, 10/10/2009)


“(…) Si la denuncia de Clarín estaba dentro de lo previsible dada la batalla campal entre ese grupo económico y el gobierno nacional, su contenido es sorprendente para quienes conocían los estudios que desde el gobierno se están realizando desde hace dos años, no para adquirir el paquete accionario de Papel Prensa o expropiarlo sino, por el contrario, para vender el tercio aún en manos del Estado. El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las ganancias de sus socios privados. (…) Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125.” (Horacio Verbitsky, Página 12, 11/10/2009)

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