sábado, 7 de noviembre de 2009

Crispaciones


En el artículo que publica hoy en Página 12, Alfredo Zaiat centra sus cañones en la necesidad de avanzar en la imputación tributaria a la renta financiera. En la introducción al mismo nos encontramos con este sugerente enfoque:

La media sanción en la Cámara de Diputados de la ley que reconoce en la contabilidad pública una deuda de unos 29 mil millones de dólares que no participó del canje de 2005 casi no tuvo debate. Cada uno del resto de los proyectos enviados por el Gobierno al Congreso desde mediados del año pasado despertó diversas pasiones, que en su mayoría tuvo adicionada en su título la K. En esas iniciativas la cadena nacional de medios privados alertaba acerca de que se estaba poniendo en peligro el destino de la democracia, la economía, de las instituciones, de la república, de la libertad. No se cansaron de reclamar más tiempo para analizar y discutir las propuestas cuestionando el apuro oficial. En cambio, la reapertura del canje de la deuda en default no ha provocado ninguna de esas reacciones ni la obsesión por la undécima letra del alfabeto. Apenas una visita del ministro de Economía, Amado Boudou, a la Comisión de Presupuesto, y al otro día fue tratado rápidamente en el recinto con 164 votos a favor y 28 en contra. Las crónicas no expusieron con tono admonitorio a los aliados circunstanciales (UCR, PRO, peronismo disidente y otros de la centroderecha) del kirchnerismo para conseguir ese contundente resultado. Ninguna otra iniciativa legislativa de estos tiempos de emoción violenta ha implicado un costo económico inmediato más elevado para toda la sociedad que el de la reapertura del canje: con una adhesión del 70 por ciento de los holdouts, el stock de deuda se incrementará de 7000 a 9000 millones de dólares y la carga de intereses anuales aumentará en unos 500 millones de dólares. Como pocas veces el recorrido de un proyecto de ley ha exteriorizado en forma tan categórica el significado del poder financiero. A la vez, en términos generales expone que la legislación a favor de sectores de manifiesta opulencia, en este caso bonistas holdouts y un grupo de bancos, no provoca la crispación del poder. También queda en evidencia que cuando un gobierno busca ampliar un poco sus márgenes de autonomía, evitando la subordinación a corporaciones, se lo presenta en el espacio público como difusor de escenarios de conflictos. En cambio, esa tensión desaparece cuando la esfera política acompaña los intereses del poder permanente.

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