domingo, 29 de noviembre de 2009

El lugar del "progresismo" II

Agrega Horacio Verbitsky en el mismo diario:

Ni olvido ni perdón

Las entidades donde se siente el poder de la transnacional italiana Techint tratan al gobierno con una intolerancia que nunca ejercieron contra otra administración y que no se compadece con la realidad económica y social del país. Ejemplos de ello son la Asociación Empresaria (AEA), la Unión Industrial (UIA) y el Foro Iberoamericano, que sesionó la semana pasada en la Fundación PROA, donde protege las bellas artes Paolo Rocca. Esta actitud responde a la decidida intervención oficial que impidió 2.400 despidos en Siderar, a los controles que dispuso ante el default de TGN y a la designación de directores estatales en aquellas empresas que habían colocado emisiones de capital a las AFJP, un negocio con aristas oscuras que aún no ha sido investigado. El gobierno tampoco cedió ante la presión de los Rocca a favor de una nueva devaluación, que hubiera implicado un brusco descenso en los ingresos populares, como ocurre por lo menos una vez cada siete años desde la dictadura militar, según el cálculo de Martín Redrado. Ocurrió con la dictadura militar, con Alfonsín, con Menem, con Duhalde y De la Rúa, pero no con los Kirchner. Para advertir qué sucede cuando los gobiernos no se manejan con la misma firmeza que el argentino es interesante el documento firmado el 30 de octubre en Bérgamo, Italia, por el Comité Mundial de los Trabajadores de Tenaris. El grupo fundado por el asesor siderúrgico de Benito Mussolini, el capitán de artillería Agostino Rocca, con capitales alemanes e italianos que fugaron de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, dividió sus operaciones en dos grandes holdings. Tenaris reúne a las empresas que fabrican tubos y Ternium a las de aceros planos, ambas con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo, para no pagar impuesto a las ganancias distribuidas. Desde allí controlan un centenar de empresas en más de veinte países, que emplean a 40.000 trabajadores. La declaración del comité mundial que los representa sostiene que pese a su declaración de “responsabilidad social corporativa” Tenaris ha utilizado la crisis económica mundial “para aumentar los beneficios de los accionistas a cuenta de los convenios colectivos y de sus obreros y empleados”. En muchas partes del mundo ha manipulado la negociación colectiva y obtenido concesiones, “sin aumentos salariales o con aumentos mínimos muy por debajo del aumento del costo de vida”.

La mesa afónica

“Voy a tener que hacer una evaluación de sus dos meses de gestión”, le dijo el patrón de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, al ministro de Agricultura. “Garantíceme que habla mal de mí”, le respondió sonriente Julián Domínguez. Las apariciones de los agitadores agrarios han perdido rating y hasta los canales de cable más enconados con el gobierno los sacan de pantalla cuando empiezan con sus discursos farragosos. Tampoco conservan gran capacidad de movilización, como lo comprobó Alfredo De Angeli hace dos semanas cuando intentó cortar el túnel subfluvial y luego se dirigió a la gobernación en Paraná. No lo seguían ni cincuenta personas. Tal vez por eso el otrora temible De Angeli aceptó firmar con el abominado gobernador Sergio Uribarri y con Domínguez un acta de compromiso sobre la defensa del precio y el reintegro de retenciones a las exportaciones de trigo y maíz y la creación de una oficina provincial de la ONCCA. Pero pidió que no se publicara el acta, para no tener con la Mesa de Enlace los problemas que le hicieron a Eduardo Buzzi por negociar ayuda para productores sin los otros cuatrillizos. Biolcati dijo que Domínguez defendía el modelo agropecuario del gobierno, lo cual es una obviedad. El desconcierto para los Gordos del Campo es que acepta dialogar con ellos pero no sobre las retenciones a la soja y está resolviendo los problemas acuciantes con las provincias y los municipios, con asistencia directa a las economías regionales. En el encuentro del viernes participó también la presidente del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont, quien señaló que la presión del sector debe dirigirse a las provincias. Una ley nacional redujo en 70 por ciento la deuda de los productores en situación crítica y estiró su pago a veinte años, pero para que se concrete es necesario que las provincias adhieran a esta ley convenio y asuman esa cartera morosa. Por ejemplo, Chaco firmó y esto salvó del remate a 681 productores que debían 70 millones de pesos. Si la provincia de Buenos Aires no firma, serán rematados 1531 productores. La estrategia política de la Mesa se volcará a la calle el jueves 10, en el acto convocado en Palermo para saludar a los diputados y senadores de la oposición que asumirán ese día y apoyarlos en su propósito de despojar a la primera minoría de todo poder en el Congreso. Esto sólo sería posible si Pino Solanas, Claudio Lozano y Martín Sabbatella formaran junto con Julio Cobos, Francisco De Narváez y Felipe Solá para forzar al gobierno a recurrir al veto y caotizar la política. Falta sólo un par de días para conocer qué harán.

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