Ley de Arrendamientos Rurales

La modificación a la ley de Arrendamientos Rurales está por ser tratada en el Congreso. El año pasado, en pleno conflicto por “la 125” se obtuvo dictamen sobre la base del proyecto que había presentado el diputado por el bloque del SI, Eduardo Macaluse (quien había tomado el proyecto elaborado por la Federación Agraria Argentina), más los aportes que realizaron distintos legisladores como Luis Ilarregui (FPV) y Lisandro Viale (socialista), entre otros.

En la ocasión se pudo ver la fisura entre una FAA que defendió el proyecto en las reuniones de comisión y una Sociedad Rural que lo rechazó.

Con la derrota de “la 125”, gracias al pedido que le hiciera la hija a su padre Cleto, el proyecto quedó relegado y sólo se escuchó, a poco de asumir como nuevo secretario de Agricultura, la voz del Ingeniero Carlos Cheppi afirmando que ese proyecto partía de supuestos ya caducos y que por lo tanto no se trataba de una ley para los actuales tiempos de la actividad agropecuaria.

Sorpresivamente, en este mes el proyecto volvió a cobrar vigencia en diputados, reclamando su pronto tratamiento. Sorpresivamente (o no tanto…), esta vez la FAA se corrió de su defensa pateando la pelota para “más adelante”. Sorpresivamente, nos enteramos de un documento impreso este año por la Secretaría de Agricultura en el que se hace una crítica al dictamen a partir de un análisis de la realidad social y productiva del campo argentino, proponiendo allí otro proyecto de ley. Sorpresivamente, este texto no tuvo amplia difusión. Y, finalmente, para no cansar con las repeticiones, sorpresivamente, constatamos una vez más que el secretario Carlos Cheppi, una persona de reconocida experiencia, no tiene mayor participación en el tema.

A través de este blog hemos dado claras muestras de defender el proyecto de país que ha venido desarrollando el gobierno que se iniciara en el año 2003, retomando en forma valiente las banderas populares del peronismo. Pero no podemos dejar de preocuparnos por una cantidad de iniciativas de alta significación política, que por no haber contemplado importantes variables o por haber privilegiado otras de cortísimo plazo, provocaron severos daños a la imagen del gobierno.

Desde La Bengala tememos que algo de esto se pueda dar con el tratamiento de este proyecto de arrendamientos rurales, si el efecto buscado está más en el orden de pretender fisurar el frente de las patronales agrarias que de modernizar la legislación en la materia. Y para manifestar públicamente esta preocupación nos sostendremos tanto en lo que manifiesta el documento elaborado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, como en lo expresado por Osvaldo Barsky en La Nación de hoy (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1166041). O sea, no estamos hablando de intelectuales orgánicos de la Mesa de Enlace.

Si les interesa, me voy a extender un poco. Desde la Secretaría de Agricultura se afirma, y con criterio, que “abordar entonces en el país reformas a las leyes vigentes sobre el sistema de arrendamientos y aparcerías, supone evaluar cuales son las características de la tenencia de la tierra en el país y reseñar brevemente la evolución histórica de la misma, para apreciar en qué condiciones de contexto social fueron dictadas las leyes agrarias específicas y discutir entonces cuales son las nuevas realidades que imponen cambios en la legislación vigente. La comprensión de estos procesos desde esta perspectiva y no desde principios legislativos genéricos que ignoren las profundas transformaciones operadas en la trama social del agro argentino, permiten apreciar el profundo cambio desarrollado entre los actores participantes en las relaciones contractuales.”

La actual ley vigente, la 13.246, es del año 1948, momento en el que la legislación social pretende generar las defensas necesarias para los arrendatarios y aparceros, “dado el sistema tradicional de arrendamientos que se fue disolviendo entre 1940 y 1970”. Hasta ese momento, la desigualdad en cuanto a capacidad de negociación era claramente perjudicial para los intereses sobre todo de los pequeños arrendatarios, muchos de los cuales, poco a poco, y fundamentalmente en la región pampeana, fueron accediendo a la propiedad de la tierra. “Estamos frente a nuevas formas de articular la propiedad del suelo, lo que implica un tipo de arrendatarios y de rentistas diferentes a los del sistema de arrendamientos que predominó en el agro argentino hasta la década de 1950”, afirman desde la SAGPyA. “Nada sería más errado hoy que mantener estas visiones que tienen su raíz en procesos ya superados, para abordar nuevas iniciativas tanto en materia de legislación como de políticas”, agregan.

A lo largo del debate por “la 125” algunos se preguntaban por la emergencia de un nuevo sujeto social agrario, mientras otros hablaban de “los viejos reciclados”. Desde la Secretaría opinan al respecto: “los actores sociales básicos del agro pampeano, incluyendo también parte importante de las provincias del norte y el oeste donde se ha expandido fuertemente la producción de cereales y oleaginosas hacia fines de la primera década del siglo XXI básicamente son: los productores tradicionales, los contratistas, los pooles de siembra y redes productivas y los rentistas”.

En las últimas décadas han cambiado las formas de producción en “el campo”, con instrumentación intensiva de capitales y un manejo empresarial complejo cada vez más alejado de la tradición chacarera. Ello significó más que una concentración de la propiedad de la tierra una concentración de la producción.

“El largo proceso de disminución del arrendamiento que podríamos llamar “tradicional” que se produjo entre fines de las décadas de 1930 y 1960 y que desembocó en un agro dominado por distintas capas de propietarios en que predominaban explotaciones medias, fue dando lugar a una estructura agraria donde se expande nuevamente el arrendamiento, con la diferencia que muchas veces los que toman tierras son también propietarios, que en otros casos quienes arriendan son los llamados “pools de siembra” que agrupan tierras para generar procesos productivos con alta inversión de capital, y que los rentistas son ahora una cantidad significativa de propietarios que han pasado a esta categoría en función de las crecientes complejidades de la producción agraria y de los altos niveles de los arrendamientos” (SAGPyA).

Hoy la capacidad de negociación de los nuevos arrendatarios es claramente superior y radicalmente distinta a los de antaño. Tanto desde la Secretaría, como el propio Barsky, señalan que este error de partida, sumado a pretender establecer un límite máximo de superficie a arrendar en el orden de las 10 unidades económicas (superficie que pecaría por modesta dados los actuales patrones productivos), podría generar efectos tan nocivos como favorecer el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, ya que los mayores productores capitalizados que hoy arriendan pueden optar por la compra, conduciendo así a una estructura agraria más regresiva y con la amenaza de la extranjerización. Males denunciados por la muy preocupada Iglesia en 2006.

Otro tanto sucede con el tema de los plazos del contrato: “otro tema relevante es la prohibición de los contratos accidentales y la fijación de la duración de los contratos en 5 años como mínimo. Notablemente, estas son medidas que benefician a los arrendatarios de gran tamaño, dado que la existencia de contratos accidentales afecta fuertemente su negociación en relación con el precio de los arrendamientos y, al mismo tiempo, eliminan mecanismos esenciales utilizados por los productores de tamaño pequeño y mediano, cuyos horizontes de inversión son siempre mucho más acotados”, afirma Barsky.

Si pretendemos sacar a las apuradas una ley estructural para el sistema productivo agropecuario, como es ésta, con el inmediato objetivo de fisurar el frente patronal agropecuario (cosa que por lo expuesto aquí pongo seriamente en duda), o dejar expuestas las miserias de la dirigencia de la Federación Agraria (cosa que ya está hecha para el que las quiera ver), correremos el riesgo de quedar pedaleando en el aire como nos pasó con el aumento al servicio de gas o la reciente aprobación dentro de la ley de emergencia de un “no leído” recorte a las retenciones agropecuarias para algunos distritos de la provincia de Buenos Aires.

A esta altura de los acontecimientos nos debemos, entre otras cosas, ofrecer a la sociedad un modelo serio y alternativo de desarrollo agropecuario que integre a través de reglas de juego claras a los distintos actores sociales, proteja el medio ambiente, diversifique la producción, garantice el acceso a una adecuada alimentación a toda la población y no frene el desarrollo tecnológico y productivo. Resolver semejante ecuación no es fácil cuando se juegan poderosos intereses económicos, pero tenemos, dentro del campo popular, material humano para desarrollarlo. Hay que darles lugar para salir de una vez por todas de la inmediatez política. Es un buen objetivo de cara al Bicentenario.