La patota sojera

El año pasado nos ha dado probadas muestras del nivel de agresión y violencia a que es capaz la "patria sojera". Tanto que despertaron las simpatías de los racistas del sur de Bolivia.
Este año siguen activos, a pesar de estar entretenidos armando listas electorales.
Seleccionamos algunos párrafos del artículo de Horacio Verbitsky, en Página 12, de ayer:
"El expediente administrativo que fundamentó la autorización firmada en 1996 por Felipe Solá para introducir en la Argentina la soja transgénica de Monsanto resistente al herbicida glifosato tiene apenas 136 folios, de los cuales 108 pertenecen a informes presentados por la misma multinacional estadounidense. Ese trabajo está en inglés y en el apuro por llegar a una decisión predeterminada, la Secretaría de Agricultura ni siquiera dispuso su traducción al castellano. Se titula “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” y ocupa del folio 2 al 110 del expediente. Solá se apresuró a firmar la autorización apenas 81 días después de iniciado el expediente, el 25 de marzo de 1996, el mismo día en que los organismos técnicos plantearon serias dudas acerca de sus efectos sobre la salud y solicitaron informes sobre el estado de las autorizaciones en Europa. La resolución de Solá dice que intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Pero ese dictamen jurídico recién se firmó tres días después, el 28 de marzo. ¿Quién dijo que en verano decae la laboriosidad oficial?"

"Una semana después de concedida la autorización, el ingeniero Batista ( director de Calidad Vegetal del Iascav) envía al presidente del Iascav un escrito sin membrete, firma ni identificación del autor titulado “Organismos modificados genéticamente. Consideraciones para su Evaluación”. Dice que influirán en la calidad de vida de las próximas generaciones y que “este avance en caminos aún desconocidos, obliga a que sean desandados con prudencia”. Sus productos “deberían ser pasibles de estudios que garanticen no sólo los aspectos de impacto medioambientales y nutricionales sino, fundamentalmente, los referentes a seguridad e inocuidad”. Entre esos estudios menciona “absorción, distribución y biotransformación de sustancias químicas ‘in vivo’ o ‘in vitro’, ensayos experimentales de toxicidad en animales, de corto, mediano y/o largo plazo”, nada de lo cual se hizo aquí. Estas gravísimas irregularidades deberían acarrear la nulidad de la resolución como acto lícito, arrojan tardía luz acerca del vicio de origen de la mayor transformación económico-social y política producida en el país en las últimas décadas y explican que Solá sea uno de los portavoces del bloque agrario que ahora intenta subordinar a sus intereses al conjunto de la sociedad argentina."

"Algunos de esos estudios recién se están haciendo ahora. Según el que realizó el investigador Andrés Carrasco, reproducido aquí hace dos semanas por el periodista Darío Aranda, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos. A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël. El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba. Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”."

"El dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía dijo a este diario que durante una reunión propiciada por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, Huergo le sugirió que recibiría beneficios económicos si colaboraba con la reducción de las retenciones a la exportación de la soja de laboratorio. El diálogo ocurrió en noviembre de 2007, cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner elevó la alícuota del 27 al 35 por ciento, es decir varios meses antes de que la presidente CFK y el ministro de Economía Martín Loustau implantaran las retenciones móviles. D’Elía dice que el encuentro se produjo cuando él había renunciado a la Comisión Nacional de Tierras y su relación con el gobierno nacional parecía quebrada, a raíz de sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente. Buzzi, con quien en 2001 había formado parte del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), le pidió que lo acompañara a una entrevista en los estudios de Canal Rural, con el ingeniero Huergo, y luego los tres fueron a desayunar. Buzzi le dijo que Huergo era “un fenómeno” y que podía ayudarlos a financiar toda la actividad a favor de las reivindicaciones de la Federación. Esos reclamos que D’Elía apoyaba, contra la concentración y la extranjerización de la tierra y a favor de una nueva ley de arrendamientos, no aparecieron en la conversación. “Me fui dando cuenta de que el punto principal que planteaban era la rebaja de las retenciones a la soja. Querían el apoyo de los movimientos sociales para eso”, dice D’Elía. Agrega que Huergo le guiñó un ojo mientras le decía: “Hay que defender la soja y con la soja tenemos que ganar todos, ¿me entiende?”. D’Elía concluye: “creyeron que como estaba mal con el gobierno me sumaría. Pero conmigo se equivocaron”."