miércoles, 1 de abril de 2009

Raúl Alfonsín


En momentos de una ferviente exaltación a la figura de Raúl Alfonsín, creo pertinente (no exento de cierto ánimo provocador al mero efecto de pretender equilibrar los tantos –ya que no es mi intención desmerecer los logros de su gestión como el juicio a las juntas militares, el acuerdo con Chile y el acercamiento estratégico con Brasil-) traer a la memoria las consecuencias que produjo en la Argentina las limitaciones y renuncios de su gestión a lo largo del período 1983-1989.
Para ello qué mejor que transcribir las palabras que Nicolás Arceo y Martín Schorr publicaran en abril de 2006, en ocasión de comentar el libro publicado por Eduardo Basulado.
“(...) Como se analiza en Estudios de historia económica argentina, en el transcurso del primer gobierno de la recuperación democrática se profundizarían muchos de los legados del período 1976-1983. En lo atinente al funcionamiento de la economía local, Basualdo muestra cómo durante la Administración Alfonsín, pari passu una crisis económica de magnitudes pronunciadas en el marco de un escenario internacional desfavorable para la región, se agudizaron el achicamiento y la reestructuración regresiva del sector industrial; se afianzaron los procesos de “internacionalización” y “financiarización” de parte importante del excedente nacional; se registró una bajísima acumulación de capital; se tornaron inmanejables la inflación y los desequilibrios externo y fiscal; y se acentuaron considerablemente la crisis laboral, la caída de los salarios y la inequidad distributiva. Como resultado de estas tendencias, durante estos años se deterioró aún más la situación de los trabajadores y de las fracciones empresarias de menores dimensiones, al tiempo que se afianzaron fuertemente el nuevo poder económico y la “colonización” del Estado por parte de éste. Sin embargo, este proceso no estaría exento de conflictos entre los diferentes factores de poder. En este sentido, Basualdo cuantifica las transferencias intersectoriales de recursos que se verificaron durante el interregno alfonsinista y comprueba que, en un contexto signado por una caída significativa en la participación de los trabajadores en el ingreso, los acreedores externos recibieron una “tajada” importante, pero mucho menor a la percibida por las fracciones predominantes en el nivel interno. En una etapa recesiva, estos sectores experimentaron un notable crecimiento que les permitió consolidar su estructura de grupo económico; ello, de la mano de los abultados recursos estatales con que se favorecieron la promoción industrial, los subsidios a las exportaciones industriales, la continuación y la culminación de la estatización de la deuda privada iniciada durante la dictadura, los sobreprecios en las adquisiciones estatales a sus proveedores, los programas de capitalización de la deuda externa, etc. Ahora bien, semejante transferencia de “ahorro” a estos sectores del gran capital no derivó, ni mucho menos, en un incremento de la inversión (por lo contrario, la escasa formación de capital que realizó el sector privado durante los años ochenta fue financiada casi en su totalidad con fondos públicos derivados de los distintos regímenes de promoción industrial que se aplicaron). La explicación de esta “paradoja” se asocia con las formas que asumió la valorización financiera en esta etapa. De las evidencias aportadas por Basualdo surge que una parte de tales recursos fue remitida al exterior (si bien importante, la fuga de capitales bajo el gobierno radical fue bastante más atenuada que durante la dictadura, dado que por la relativa iliquidez internacional se presentaron muchas menos posibilidades en materia de endeudamiento externo). Y otra parte, muy significativa, se volcó a la “bicicleta financiera” que se registró en el ámbito interno, fundamentalmente como producto del “festival de bonos” con el que el radicalismo financió el elevado déficit fiscal resultante de las múltiples transferencias de fondos públicos hacia la cúpula empresaria local, lo cual dio lugar a una dinámica perversa para la gran mayoría de la sociedad: mientras que la oligarquía diversificada y sus “socios” aparecieron “de un lado del mostrador” dando cuenta de una proporción considerable del desequilibrio fiscal del período, también estuvieron “del otro lado” financiando al Estado nacional a tasas “ruinosas” (lo cual, a su vez, profundizó el déficit de las cuentas públicas). El hecho de que las fracciones dominantes internas hayan tenido una marcada expansión durante los años ochenta en una etapa económica crítica sugiere que durante este período tuvo lugar un nuevo salto en la centralización del capital y una intensa destrucción de capital físico (en especial en el ámbito de los segmentos empresarios de menores dimensiones). Ello, sumado a la redistribución regresiva del ingreso que tuvo lugar, lleva a Basualdo a destacar que la caracterización de “década perdida” minimiza sobremanera las implicancias reales de la profunda desigualdad y la heterogeneidad que reveló en los hechos la evolución de la economía argentina durante la Administración Alfonsín. A mediados de 1988 el modelo de Estado Hood-Robin que había venido funcionando desde la dictadura empezó a encontrar limitaciones porque se estaba quedando sin su principal “combustible” a raíz de la fenomenal caída de los ingresos populares derivada de la inflación, la vigencia de una estructura impositiva regresiva y la dinámica del mercado laboral (aumento del desempleo y el subempleo, creciente fragmentación de la clase trabajadora, etc.). Es en ese marco que el gobierno argentino incurre en un default en el pago de su deuda externa y decide mantener los subsidios al capital concentrado local. Ante esta nueva “postergación”, los acreedores externos impulsan a comienzos de 1989 la “corrida” cambiaria que derivará en un estallido hiperinflacionario que marcará el fin de la gestión gubernamental del radicalismo y una nueva “vuelta de tuerca” en el predominio del capital sobre el trabajo en la Argentina. Como enfatiza Basualdo, el desmadre de los precios fue expresión de una fenomenal puja distributiva, pero no entre el capital y el trabajo (como había acontecido durante buena parte de la sustitución de importaciones), sino entre los distintos integrantes del bloque dominante. En cuanto a esta problemática, otra de las a nuestro juicio importantes contribuciones de Estudios de historia económica argentina es el planteo de que el escenario hiperinflacionario de fines de los ochenta y principios de los noventa relajó sobremanera los contrapesos sociales existentes para avanzar en la instrumentación de un conjunto de políticas por las que desde hacía un tiempo venían presionando los acreedores externos y sus representantes institucionales, y también algunos grupos económicos locales, que ante el ostensible agotamiento del modelo de Estado Hood-Robin procuraban acceder a nuevos nichos de ganancias extraordinarias: la privatización de empresas estatales, la desregulación de una amplia gama de mercados (incluyendo al laboral), y la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales. Ahora bien, como destaca Basualdo, el disciplinamiento social que trajo aparejada la crisis hiperinflacionaria se articuló con un peculiar dispositivo ideológico que, vale señalarlo, fue “comprado” por una parte importante de la sociedad argentina. Hacia fines de los ochenta los sectores dominantes en su conjunto coincidieron en el diagnóstico y lograron difundir (y el sistema político y el establishment académico convalidar) la idea que atribuye la responsabilidad de la crisis al Estado de Bienestar que con sus variantes habría estado vigente desde 1945, ocultando las profundas transformaciones que le habían dado un nuevo contenido de clase a partir de la última dictadura militar. En estas condiciones, percibir la crisis como el fin del Estado populista supuso una clara (y sumamente eficaz) maniobra ideológica destinada a legitimar la reestructuración que impulsaron las fracciones sociales dominantes y sus intelectuales orgánicos en la década de los noventa. En otras palabras, el tipo de lectura que se logró imponer sobre las causas de la crisis es lo que determinó las formas en que se buscó salir de la misma. Así, si el Estado era el responsable prácticamente exclusivo de todos los problemas que aquejaban a la Argentina a fines de los ochenta (inflación elevada, déficit fiscal, alto endeudamiento externo, deficiente prestación de servicios y provisión de bienes, etc.), era lógico que su resolución pasara por la “reforma del Estado” con eje en las privatizaciones, la desregulación económica, y la liberalización comercial y financiera. Es en este contexto que se inició una de las etapas más deletéreas de la historia nacional.” (Fuente IADE)
Insisto, con este ayuda memoria no pretendo desmerecer a una de las importantes figuras de la política nacional que renovó un radicalismo balbinista conservador, que bregó por alcanzar mayores cotas de independencia en política internacional y llegó a enfrentar en plena Sociedad Rural la rechifla de tan democráticos productores rurales. Los mismos que hoy apoya la UCR, tan desmemoriada ella…

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