Retenciones a las exportaciones mineras: un poco de luz

A raíz del anuncio del proyecto minero de “Pascua-Lama” regresó en ámbitos progresistas críticos al Gobierno el tema del supuesto “no cobro” de retenciones para las exportaciones producto de dicha actividad. Y esto no es tan así.
Esta mañana lo escuchaba a Carlos Gabetta (Le Monde diplomatique) decir que cómo no se iban a rebelar los productores agropecuarios cuando les pretendieron retener un 40% si a las mineras apenas les alcanzaba el 3. La realidad es que la minería no tiene coronita.
En diciembre de 2007, el Gobierno decidió que alrededor de unas 14 empresas mineras que no pagaban retenciones por la exportación de sus productos comenzaran a hacerlo. La medida fue calificada por el sector como ilegítima, “vulnera la seguridad jurídica y puede llegar a frenar desembolsos millonarios” (hoy vemos que eso no sucedió). La medida fue aplicada por la Aduana a partir de una nota conjunta de la Secretaría de Minería, a cargo de Jorge Mayoral, y del nunca bien ponderado secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Para entonces, algunas exportaciones mineras venían pagando entre un 5% y un 10% de retenciones desde 2002. Como señalaba La Nación del 5 de diciembre de 2007, “el tributo se aplicaba sólo a las ventas de las empresas que recibieron la aprobación oficial para iniciar su proyecto luego de esa fecha. Las iniciativas anteriores eran las únicas exportaciones del país que no pagaban retenciones. La actividad, muy cuestionada por los ambientalistas, opera bajo el paraguas de la ley 24.196, de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal por tres décadas al prohibir modificaciones en la carga tributaria vigente al momento de aprobarse un proyecto”.
A pesar de que las retenciones fueron de una escala mucho menor que para el caso de los granos, la presión no fue menos intensa. El gobierno de Catamarca (panradicalismo) fue uno de los que más polvareda levantó. Desde esa provincia se señalaba que se “le asestó un duro golpe a las finanzas catamarqueñas, que a raíz de esta medida verán disminuir en millones los ingresos por utilidades de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y regalías. (…) Las primeras empresas a notificadas fueron Bórax Argentina, Procesadora de Boratos Argentinos, Minera del Altiplano y Minera Alumbrera. Las dos últimas trabajan en Catamarca, y Alumbrera es la más afectada al ser la principal exportadora del sector. Justamente, YMAD es socia de esta firma en la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, y le corresponde el 20 por ciento de las utilidades del emprendimiento, de las que Catamarca se lleva un 60 por ciento. Por este concepto, las arcas provinciales embolsaron 54 millones de pesos en 2006 y 388 millones en los tres primeros trimestres de este año. Pero con las retenciones, las utilidades por la explotación de Bajo La Alumbrera caerán y, consecuentemente, también las de YMAD. Además, se derrumbarán también las cifras de las regalías que abonan las empresas a la Provincia, un 3 por ciento del valor boca mina del mineral extraído” (Diario C, 06-12-2007). Por su parte, las empresas amenazaban con recurrir al CIADI. Cosa que hasta el momento no ocurrió; al igual que las amenazas de la fuga de inversiones.
Gobernar no es tan fácil como cree más de un iluso progre, que teniendo tres o cuatro ideas claras intuye que sólo es cuestión de ejecutarlas. A la hora de gestionar se choca con una realidad a la que no son ajenos (más bien son los protagonistas estelares) poderosos grupos de intereses que además, en algunos casos, se encuentran amparados por un perverso sistema que se construyó durante los años en los que el neoliberalismo recibía el apoyo mayoritario de la población.
Habrá entonces que seguir buscando el modo en que la minería deje en el país más de lo que hoy aporta (más valor agregado) y reforzar los controles que impidan impactos ambientales que afecten a los argentinos. Pero no mientan, a la minería este Gobierno le obligó a pagar retenciones.